El Ayuntamiento aprueba la creación de una comisión para mejorar la transparencia en la contratación pública

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la creación de una comisión delegada permanente "para la mejora y eficacia de la transparencia en la contratación pública" con la finalidad de mejorar la "seguridad jurídica" y "agilizar los contratos". La decisión llega tras la información de la Fiscalía Provincial de Córdoba, que ha pedido al juzgado que investigue 25 obras de la delegación de Infraestructuras, que preside David Dorado (Cs), del año 2020 al apreciar indicios de presunta prevaricación y falsedad documental, si bien Fuentes ha defendido que aunque surge "tras la polémica", la creación de la comisión ahora no tiene nada que ver con ese asunto.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya había anunciado, el pasado jueves durante el Pleno, que la Junta de Gobierno Local se encargaría de crear esta comisión, que estará presidida por él y en la que deberán participar también el delegado de Gestión, Antonio Álvarez (Cs), y el de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), y que prevé reunirse mensualmente.

Fuentes considera que el Ayuntamiento sufre de dos problemas "muy importantes": el retraso en los pagos de las facturas y la situación de la contratación pública que requieren "soluciones urgentes".

Salvador Fuentes ha aclarado que buscan "poner un punto y final a este tema, algo tendremos que hacer" para alcanzar un modelo de gestión "mucho más rápido y eficaz para sacar los contratos antes, con más seguridad jurídica, este es un problema que no se debe abordar de forma puntual", ha defendido y ha admitido que "quienes me critican, como delegado de Hacienda, llevan razón".

Asimismo, ha aseverado que "no somos peores gestores que otros ayuntamientos". Y es que, en la comisión se pretende revisar "sólo la contratación de Infraestructuras" pero desde el año 2016 hasta el 2020, es decir, desde que la ahora oposición, el PSOE e IU, estaban al frente del Consistorio.

El delegado de Infraestructuras, David Dorado (Cs), precisamente, firmó el pasado viernes un decreto en el que encarga abrir una investigación interna sobre lo acaecido. La orden, que el edil ha firmado como alcalde accidental, encomienda estas actuaciones al secretario general del Pleno, Valeriano Lavela. Al respecto, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Isabel Albás (Cs), ha defendido hoy que "cualquier miembro del Ayuntamiento es capaz de llevar a cabo un informe".

En la rueda de prensa Albás, ha defendido que están revisando la información de la Fiscalía, que les llegó el jueves "para tomar una decisión" que aseguran se determinará "como cogobierno", a lo que Fuentes ha querido aclarar que "ya veremos de qué calado en función de las conclusiones".

Además y también con respecto a la investigación de la Fiscalía, Albás ha informado de que la coordinadora de Infraestructuras y el técnico del área se encuentran "al margen, retirada o apartada" de sus funciones en este momento y "hasta que esto se aclare".

Comisión para agilizar el pago de facturas

Además, este lunes Fuentes también ha informado sobre la creación de otra comisión delegada permanente para la mejora del periodo medio de pago a proveedores y resolver el retraso que ya existe en el pago de las facturas, un problema que "venía de antes y tenemos que atajar". El periodo de pago medio actualmente, según Fuentes, ronda los 40 días y buscan alcanzar una administración electrónica que pueda abordar el problema "parecida a la de la Diputación de Córdoba", que ha puesto de ejemplo de agilidad.

Para ambas comisiones la sede de contratación electrónica es vital, según Fuentes, "la administración electrónica debe dar un paso cualitativo más" para cerrar los "dos grandes frentes que tenemos abiertos" que son el pago de facturas, de la que dependen también los presupuestos, y la situación de la contratación pública.

Las reuniones serán "periódicas" con los departamentos vinculados al pago de facturas y los organismos autónomos. Primero, ha explicado Fuentes, se debe hacer un diagnóstico de la situación y luego "agilizar y pagar". Esta tramitación, ha asegurado, "no se puede seguir haciendo de forma manual y tercermundista, con retrasos de hasta 150 días".