El Ayuntamiento plantea peatonalizar zonas turísticas de Córdoba para reducir el tráfico rodado

El Ayuntamiento plantea peatonalizar zonas turísticas de Córdoba para reducir el tráfico rodado. Se trata de una propuesta de actuación que, en cuanto a movilidad y transporte, incluye el Plan Municipal Contra el Cambio Climático. Con ese proyecto, el Consistorio se ha marcado como objetivo reducir en al menos un 40% los gases de efecto invernadero en la capital, con el horizonte 2030.

También se tomarán medidas para reducir a corto plazo el tráfico de agitación en la ciudad (o el periodo en el que los conductores buscan aparcamiento). Con este objetivo, se van a sensorizar las plazas de parking de la zona azul con balizas inalámbricas que realizarán un volcado de datos en tiempo real y cuya información también podrá verse en paneles de plazas libres instalados estratégicamente.

Y es que el tráfico de vehículos que dan vueltas buscando dónde aparcar representa entre el 15% y 30% del total de coches en circulación en los centros urbanos. De esta manera, y tal y como se expone en el documento, el tráfico rodado es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero en Córdoba, a pesar de haber disminuido en los últimos años en la ciudad.

Entre las medidas de movilidad y transporte también se propone la implantación de microbuses y promover el uso de taxis o coches de alquiler por el Casco Histórico, el fomento de los recorridos peatonales, apostar por el transporte público de Cercanías (tren de proximidad del Valle del Guadalquivir), ofrecer opciones de transporte sostenible de fácil acceso a través de una app (transporte público, vehículos de transporte compartido, bicicletas, patinetes, alquiler de vehículos eléctricos, etcétera). Además, entre las medidas se habla también de la recuperación de caminos públicos como elementos de movilidad sostenible, implantar carriles bici previstos de forma consensuada con la ciudadanía y mejorar la red de aparcamientos de bicicletas.

Para el desarrollo del Plan Municipal Contra el Cambio Climático se creará una comisión, tal y como anunció el alcalde, José María Bellido, en el recién celebrado Debate sobre el estado de la ciudad. Esa comisión, según adelantó, estará compuesta "por organizaciones como la Universidad de Córdoba, la Universidad Loyola, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), el Consejo del Movimiento Ciudadano, el Consejo Social de Córdoba, el Colegio de Arquitectos, el Imgema Real Jardín Botánico y la Junta de Andalucía".

El documento detalla que, no obstante, dado que el Consejo Europeo ha fijado el objetivo de que la Unión Europea reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990, y el plan andaluz prevé que en el global de la comunidad autónoma la reducción sea del 39%, "las medidas de actuación previstas en el plan de Córdoba cumplen con este objetivo". "El objetivo es llegar en siete años a esa reducción de al menos el 40% para poder conseguir el balance neto en 2040", incide.

Emergencia climática de Córdoba

Asimismo, el plan recoge que el Ayuntamiento dio el visto bueno a la llamada Emergencia Climática de Córdoba, un documento que, además de incorporar esa reducción de al menos el 40% en los gases de efecto invernadero hasta 2030, subraya que "se abandonarán progresivamente los combustibles fósiles, con el 42% de cuota de energías renovables en 2030, como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aspirando a una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria".

También se aspira con el proyecto a, entre otras medidas, fomentar el autoconsumo eléctrico con renovables y una movilidad sostenible lo antes posible, crear espacios peatonales, promover la bicicleta y otros medios de transportes no contaminantes o reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles. Además, propone asegurar el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y de información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuos 0, afianzar la compra pública sostenible, evitar los bancos con los que trabaja el municipio que financien proyectos basados en combustibles fósiles...

En esa declaración de Emergencia Climática de Córdoba, a la que dio el visto bueno el Consistorio, se instaba asimismo al equipo de gobierno municipal a avanzar, entre otras medidas, "en una economía local y de proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, la agricultura y ganadería ecológicas, y así cumplir con el Pacto de Milán". Para ello se proponían la adopción de medidas fiscales para incentivar la producción y comercialización ecológica y local; el fomento de la educación alimentaria, y medidas de fomento del comercio local y los canales cortos de comercialización y consumo.

También se le apremiaba al equipo de gobierno municipal a desarrollar medidas concretas de adaptación de todos los barrios y barriadas periféricas del municipio a las consecuencias del cambio climático (incremento de la temperatura global, olas de calor, escasez de precipitaciones, etcétera), promoviendo la bioclimatización de los edificios y de los espacios públicos, con especial atención al cuidado y ampliación del arbolado urbano y periurbano.

Mitigación de emisiones

Para la mitigación de emisiones, el plan establece que, en principio, hay que llevar a cabo actuaciones considerando particularmente las de mejora de la calidad del aire en el medio urbano; así como medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) para la aplicación de acciones de mitigación, adaptación y transición energética, y actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de origen fósil por energías renovables producidas in situ.

Del mismo modo se propondrán actuaciones en materia de construcción y rehabilitación energética de las edificaciones municipales "al objeto de alcanzar los objetivos de eficiencia y ahorro energético establecidos en el plan municipal"; medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de movilidad urbana, y actuaciones para optimizar el alumbrado público, "de tal suerte que, de acuerdo con la legislación aplicable, se minimice el consumo eléctrico, se garantice la máxima eficiencia energética y se reduzca la contaminación lumínica en función de la mejor tecnología disponible".