El cogobierno cumple cien días centrado en las políticas urbanísticas

Se acabó la tregua. El equipo de gobierno municipal del PP y Cs ha alcanzado los primeros cien días de gestión en el Ayuntamiento, el periodo de gracia que generalmente se otorga a los recién llegados para darles tiempo a hacerse con el cargo. Cien días para empezar a rodar, como se suele decir, donde se es más condescendiente con los posibles fallos de esos recién llegados. Esos poco más de tres meses han dado para mucho en Capitulares y, aunque la actividad se incrementara de manera significativa –no sólo la del equipo de gobierno, sino la de la oposición–, han propiciado un balance más o menos intenso en el que, entre otros temas, se le ha dado prioridad a la descongestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Se podría decir que en estos primeros cien días, el equipo de gobierno de José María Bellido se ha centrado en arreglar lo urgente para sentar las bases del cambio tranquilo. En este periodo, la parte del PP del “gobierno del cambio”, como le llama reiteradamente el alcalde a su equipo de gobierno, ha demostrado que no es nuevo en gestión, no en vano el propio Bellido fue teniente de alcalde de Hacienda en el mandato de José Antonio Nieto, y Salvador Fuentes, actual presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo entre otras competencias, fue vicepresidente de la Diputación. Mientras, a la parte de Cs de ese “gobierno del cambio” se le ha notado cierta bisoñez aliñada con una excesiva preocupación por la imagen que supera a la de la gestión propiamente dicha, salvo excepciones, como la de la edil de Servicios Sociales, Eva Timoteo, y algunas cosas que se van viendo en empresas de la que el partido naranja es responsable, como en Sadeco, que dirige David Dorado.

Nada más llegar a tener responsabilidad de gobierno en Capitulares, PP y Cs hicieron pública su hoja de ruta para los primeros cien de mandato, que incluía 23 medidas, algunas de las cuales se han hecho realidad, mientras que otras están menos avanzadas. Entre las que se han hecho realidad a medias y, algunas de rebote, están las de “enmendar” al equipo de gobierno anterior del PSOE y IU, como por ejemplo, la que rezaba que “de la mano de los propios vecinos y cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, recuperaremos los nombres de la avenida de Vallellano, calle Cruz Conde y plaza de Cañero, al entender que forman parte de nuestra identidad colectiva, cumpliendo en sus justos términos la legislación andaluza al respecto”. De momento, solo la plaza de Cañero ha recuperado su nombre, pero por una decisión judicial ajena al Ayuntamiento.

Sea como sea, esa experiencia en la gestión del PP la he servido, entre otras cosas, para no entrar en polémicas y desterrarlas del panorama político municipal, polémicas que estaban muy presentes en el anterior mandato municipal del PSOE e IU, como la de la propiedad de la Mezquita-Catedral.

Entre las medidas de la hoja de ruta para los primeros cien días que se han hecho realidad figuran las de abandonar la construcción que la empresa municipal de cementerios, Cecosam, tenía previsto para el cementerio de San Rafael y la del también abandono del proyecto que innovación del PGOU que perjudicaba a la cementera Cosmos. En este último punto, Bellido dio a conocer que dos días antes de abandonar el gobierno local, IU archivó esa innovación del PGOU puesta en marcha con el objetivo de impedir la valorización de residuos en el casco urbano y dejar a la empresa fuera de ordenación, lo que la hubiera obligado al traslado de la fábrica fuera del mismo, algo que la empresa consideraba inviable y que ponía en riesgo un buen número de empleos, los de los trabajadores de Cosmos.

Pero el gran caballo de batalla de los primeros cien días de gobierno ha sido el de arreglar el Urbanismo en Córdoba. Ya lo fue en campaña electoral después de que antes de ella seis de los colegios profesionales de Córdoba -arquitectos, aparejadores, ingenieros, abogados, peritos, constructores- denunciaran la falta de medidas para reducir la espera en la Gerencia, donde se acumulaba una alta cifra de expedientes sin resolver y esa demora para conseguir una licencia llevaba, en algunos casos, incluso años. El presidente de la GMU y el alcalde llegaron a hablar de que el anterior responsable, de este organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, Pedro García (IU), había dejado sin resolver cuando dejó el cargo más de 3.000 licencias, “casi un millar”, según el propio García les enmendó inmediatamente. Lo que está claro es, como unos y otros han informado, que a 17 de junio de 2019 esperaban resolución en Urbanismo 3.284 expedientes sin resolver que demandaban informes técnicos, de los que 1.331 tenían la categoría de prioritarios y 997 de estos requerían licencia urbanística. Cifras mareantes.

Dentro de esas 23 medidas para los primeros cien días de gobierno había dos, la 16 y la 17, referidas a este tema. Si le preguntáramos por la 17 a Salvador Fuentes, “la reforma de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que incluye una auditoría de gestión” de la misma, lo más probable es que contestara “estamos trabajando sin pausa en ello”. Porque el Urbanismo se ha convertido necesariamente, por esos preocupantes datos y por más circunstancias, como por ejemplo, la inseguridad jurídica que ello genera, en unos de esos temas más urgentes y prioritarios de resolver del actual equipo de gobierno del PP y Cs, como también necesariamente lo fueron los temas sociales para el anterior del PSOE e IU con el rescate ciudadano como objetivo básico. A la espera de los resultados, parece que, al contrario de lo que ocurría hace tan sólo unos meses, los niveles de preocupación en materia urbanística han bajado.

Por cierto, en la medida 16 de esa hoja de ruta se incluía el compromiso de “respetar el principio de seguridad jurídica en la actividad urbanística, un pilar fundamental para la atracción de inversión y generación de empleo estable, algo que ha sido tan denostado por el gobierno municipal anterior”.

Una hoja de ruta cuya primera medida era la de la implantación de un nuevo modelo fiscal, “con una bajada masiva de impuestos municipales”, que Bellido ha cuantificado en un ahorro neto de 60 euros para las familias y que ha sido muy criticada por los grupos que conformaban el anterior gobierno municipal, sobre todo por IU que ha defendido que con ese nuevo modelo fiscal “el alcalde beneficia solo a las élites” y que las medidas de ahorro que contempla “suponen que se ponen en peligro las arcas municipales y, con ello, la prestación de servicios público y a las empresas públicas”. Más allá del debate lógico, ideológico y hasta demagógico de cada uno de los grupos al respecto, está aún por ver el impacto que estas medidas tendrán en la sociedad cordobesa después de ser aprobadas en Pleno, una aprobación para la que el equipo de gobierno necesita el apoyo de Vox si, como es presumible, se encuentra con el rechazo del PSOE, IU y Podemos. Será la primera gran piedra de toque del gobierno local en el mandato.

Como también está por ver qué pasara con la gestión cultural después de que el edil responsable de la misma, el popular Juan Miguel Moreno Calderón, decidiera dimitir como concejal por motivos de Salud. Moreno Calderón, que no era nuevo en estas lides, ya dejó muestras de su buen hacer durante el mandato municipal del también popular José Antonio Nieto en lo que a gestión cultural se refiere. A la teniente de alcalde Blanca Torrent (PP), quien ha sucedido al exedil en esa responsabilidad le toca lidiar con una Delegación importante y una gestión que a veces no es tan fácil.

Las incógnitas de Turismo y Servicios Sociales

La medida número 21 de la hoja de ruta que el equipo de gobierno municipal del PP y Cs se marcó para ejecutar durante los primeros cien días de su mandato era la de la creación de la Concejalía del Casco Histórico, “con funciones de coordinación efectiva de las soluciones y servicios municipales para la zona”. La edil responsable de Casco Histórico –un Casco Histórico que es sinónimo en mayúsculas de turismo, el principal motor económico de la ciudad– es la popular Laura Ruiz, mientras que la responsable de Turismo en elAyuntamiento y presidenta del Instituto Municipal del Turismo (Imtur) es la primera teniente de alcalde, la ciudadana Isabel Albás.

La atomización del área turística municipal es todavía una incógnita por resolver por lo que significa en cuanto a reparto de competencias se refiere. La oposición -tanto Vox como IU- han aprovechado los últimos días para denunciar que “Albás ni está ni se le espera” en materia turística y que a lo que sí está es “a aparecer en las fotos”. Críticas a las que ella ha respondido defendiendo su trabajo en sus tiempos de parlamentaria andaluza por Córdoba en favor de la apertura del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que es competencia de la Junta de Andalucía, y que ha permanecido demasiados años cerrado, con el consiguiente perjuicio para el turismo congresual de la ciudad.

Precisamente, el punto 9 de esa batería de medidas a poner en marcha dentro de los primeros cien días de mandato municipal del PP y Cs era el de “posicionar a Córdoba como destino para congresos, convenciones, ferias y exposiciones nacionales e internacionales, atrayendo turismo de negocios para rentabilizar al máximo los edificios disponibles para estos eventos, tales como el nuevo centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero [cuyas obras continúan de momento paradas] y el Palacio de Congresos de la calle Torrijos [donde, si se cumplen las predicciones, más pronto que tarde se ejecutará la segunda fase de obras del mismo].

No obstante, esto también sigue siendo una incógnita por despejar, mientras que otra incógnita, la de Servicios Sociales empieza a despejarse. La edil responsable de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha ido poco a poco abandonando los focos a los que le gusta tanto pegarse a los políticos, sobre todo al principio de sus mandatos y si se es principiante, en favor de la gestión de su área. Entre otras acciones se ha comprometido a reforzar el personal de los centros cívicos de la ciudad con el objetivo reducir las listas de espera en la atención ciudadana de Servicios Sociales, algo que aún está por convertirse en realidad. Y también entre otras acciones ha redoblado sus reuniones de trabajo con distintos colectivos sociales de la ciudad con el objetivo de reforzar lazos entre los mismos y el Ayuntamiento.

Timoteo es una de las ediles del actual equipo de gobierno que más críticas ha recibido por parte de la oposición. El PSOE la acusó de mentir cuando anunció que el Ayuntamiento iba a salvar 1,1 millones para los barrios desfavorecidos que se iban a perder, según ella, por “la mala gestión” del anterior equipo de gobierno. Precisamente, esas 23 medidas incluían un plan de choque contra la exclusión social, que aún está por impulsar del todo.