CSIF denuncia la falta de 4.000 empleos en los servicios públicos de Córdoba

CSIF se ha concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba para reclamar unos servicios públicos de calidad y para reivindicar que se corrija el déficit de personal que acumulan los ámbitos de la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Administración General de la Junta, y que el sindicato cifra en 45.000 efectivos en toda Andalucía y en unos 4.000 en la provincia de Córdoba.

Bajo el lema Servicios Públicos, lo primero, la central sindical ha pretendido visibilizar el deterioro de los servicios públicos básicos en la comunidad andaluza y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan.

Con ello arranca un calendario de protestas con el que CSIF quiere poner de relieve la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, que difiere sustancialmente de la que describe el Ejecutivo andaluz, tal y como ha explicado la presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, durante su participación en la concentración.

Navajas ha cuestionado la apuesta que el Gobierno autonómico dice tener por dichos servicios, con una progresiva externalización de los mismos, como está ocurriendo, por ejemplo, en la Sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o en el servicio del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de Educación.

Después de que la central sindical se echara a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central, ahora lo ha hecho contra el déficit de personal que acumulan en Andalucía los ámbitos sanitario, educativo, de Justicia y de la Administración General de la Junta, competencia de la comunidad autónoma.

La sanidad pública andaluza, por su parte, cuenta con 16.000 efectivos menos, según recoge la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud en relación a la media del año 2021. Igualmente, en el sistema sanitario público hay actualmente 12.000 trabajadores y trabajadoras a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales, en consonancia con las necesidades que cubren, según explica la presidenta de CSIF Córdoba.

CSIF reprocha a la Administración que “haya olvidado el valor real y la entrega de los profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras ventanas en el confinamiento”, a juzgar por decisiones como por ejemplo recortarles la productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo.

En cuanto a la educación pública, lamenta la destrucción de unidades en la escuela pública, con 125 menos en los últimos tres cursos escolares completos en Córdoba, y el hecho de que no se haya aprovechado la bajada de la natalidad para recudir la ratio. Igualmente, denuncia el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo público y cuya eliminación podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.

La atención a la diversidad constituye también una asignatura pendiente, ya que el incremento de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en el sistema no es proporcional el creciente número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), según ha argumentado el dirigente sindical. En concreto, CSIF cifra en un millar los profesionales que sería necesario incrementar en las plantillas docentes de Córdoba para que estuvieran adecuadamente dimensionadas.

En materia de justicia, por su parte, CSIF estima que Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas en unos 500 efectivos más para poner fin a la Justicia tardía, al tratarse un déficit que es histórico y estructural. En cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuenta con una plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se producen. Además, el sindicato recuerda que en 2030 jubilarán 11.533 trabajadores y trabajadoras, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración.