El fiscal cierra el caso Candelario pero remite su gestión al Tribunal de Cuentas

El fiscal Fernando Sobrón comunicó ayer a las partes que el caso Candelario no tiene, a su juicio, trascendencia penal. Tras indagar ampliamente los hechos, el Ministerio Público ha decidido que no existe reproche por esta vía en la denuncia presentada por el PP sobre la actual teniente de alcalde de Presidencia, que tuvo en vilo la actualidad municipal durante semanas. En dos decisiones paralelas, la Fiscalía decreta el cierre del caso cortinas -la contratación de una serie encargos con la empresa del hermano de Candelario cuyo gasto fue autorizado por la propia edil- y del caso facturas -la emisión de docenas de facturas sin crédito por valor de cientos de miles de euros-. Pese a ello, el fiscal remite toda la documentación de este último caso al Tribunal de Cuentas porque entiende que existen "indicios de responsabilidad" al haberse firmado de forma reiterada facturas sin presupuesto que las sostuviese. El PP tiene la abierta la puerta del juzgado de guardia si quiere sostener la denuncia, aunque no existe posibilidad alguna de que el caso prospere por lo penal con una posición tan contundente del fiscal.

El gobierno municipal puede respirar, al menos parcialmente. Como se esperaba, el fiscal entiende que el caso cortinas no casa con ningún delito establecido en el Código Penal. Queda la puerta abierta del debate político, ya que el fiscal no pone en cuestión el relato de hechos que se conoció en su momento ni se pronuncia si Candelario tendría que haberse abstenido completamente o no en el proceso de las cortinas. El caso del Tribunal de Cuentas abre, además, una realidad distinta. Se trata de un asunto a priori administrativo en el que, a lo sumo, se pueden llegar a pedir indemnizaciones a la autoridad pública que hubiese incurrido en un gasto inadecuado.

Rosa Candelario no quiso hablar ayer. Está previsto que lo haga hoy en la sede de IU.