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El príncipe Joaquín de Bélgica, sobrino del rey Felipe de Bélgica, es la persona que ha dado positivo por coronavirus en la fiesta que se celebró en Córdoba el pasado 26 de mayo, según han confirmado fuentes del Palacio Real belga citadas por medios belgas. Este hecho ha provocado que las casi treinta personas que asistieron al evento estén en cuarentena. El príncipe Joaquín vive desde hace varios años en España con su novia, Victoria Ortiz Martínez-Sagrera.
Joaquín, hijo de la princesa Astrid y del príncipe Lorenzo, pasó los dos últimos meses en Bélgica y finalmente regresó a España el pasado lunes, por lo que se organizó una fiesta de bienvenida en Córdoba el pasado martes 26 de mayo.
El evento tuvo lugar en una casa privada y en él según algunas fuentes participaron no menos de 27 personas de la alta sociedad. Sin embargo, según informaciones citadas por el grupo de medios de comunicación belga Sudpresse, la cifra de asistente no superó la señalada por la normativa, en este caso 15 personas.
No obstante, las autoridades y la propia Policía Nacional ya investigan posibles irregularidades en cuanto al número de participantes, dado que las directrices en la fase 2 en la que está la provincia permiten un máximo de 15 personas por reunión. Además, según la notificación a la que ha tenido acceso el Día, fija la residencia de cinco de las personas en Sevilla, lo que podría sumar un desorden más al estar en estos momentos prohibida la movilidad interprovincial.
Al parecer Joaquín, de 28 años, tuvo síntomas un día después de la fiesta, según el diario belga 7sur7. Este viernes, 29 de mayo, los resultados han confirmado que tenía coronavirus, pero su estado no requiere de hospitalización. Un total de 27 personas con las que estuvo en contacto desde su regreso a España han sido ya alertadas y están en cuarentena.
El príncipe Joaquín no tiene función oficial dentro de la familia real belga y sus desplazamientos corresponden a su vida privada. Es el noveno en la línea de sucesión al trono belga.
Todas estas personas se van enfrentar a multas económicas por incumplir las normas dictadas en el estado de alarma.
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