El Consejo Escolar andaluz rechaza el decreto para adelantar el curso

El decreto elaborado por la Consejería de Educación para regular el calendario y la jornada escolar, y por el que prevé adelantar el curso al 7 de septiembre, obtuvo ayer un doble rechazo por parte de la comunidad educativa andaluza. Por un lado, el pleno del Consejo Escolar de Andalucía emitió un informe desfavorable al proyecto, y por otro, las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Educación volvieron a movilizar al profesorado andaluz para protestar contra la decisión de la Junta de romper la negociación e "imponer el borrador".

En este sentido, el presidente del Consejo Escolar, Antonio Lara, se mostró "sorprendido" con el resultado del pleno, ya que el organismo, en un principio, era favorable al adelanto del curso escolar en los términos establecidos por la Consejería de Educación y así lo habían confirmado de forma unánime los miembros reunidos en comisión permanente de forma previa al pleno. Este "cambio en el sentido del voto" -protagonizado por algunos de los consejeros integrantes del pleno, como la patronal de la enseñanza concertada y algunos representantes de asociaciones de padres vinculados al mismo sector, "no suele ser habitual en el seno del Consejo Escolar". Así, explicó que la entidad tendrá que emitir un nuevo informe que será estudiado y votado primero por la comisión permanente y luego en pleno, todo ello antes del mes de abril, ya que el cometido de la institución es "emitir un documento consensuado" por todos los miembros.

En Córdoba, unos 200 profesores se concentraron para "mostrar su rotundo rechazo" al adelanto de las clases porque "no es un factor determinante para mejorar la calidad de la enseñanza", mientras que "la planificación y organización del curso, sí es crucial para la misma", señaló el presidente de la Junta de Personal Docente no universitario de Córdoba, Sebastián Quesada. El portavoz aseguró que las concentraciones continuarán hasta que la Junta no rectifique. En esta línea, manifestó que la Junta debe arbitrar un plan de apoyo a las familias, con recursos para que los centros educativos tengan una función social en el horario no lectivo. Así, dijo que lo "lógico" sería que se iniciara un proceso de negociación con los sindicatos en el que se abordaran temas como la gestión de las sustituciones, la dignificación del profesorado, la desburocratización de la labor de los docentes y la creación de mecanismos de conciliación de la vida familiar.