Córdoba y la asignatura pendiente de las fosas franquistas

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. El histórico parte firmado por el general rebelde a la República Francisco Franco el 1 de abril de 1939 puso punto y final a la Guerra Civil española. Pero la barbarie no acabó ahí. "La dictadura franquista vertebró su régimen represor mediante la promulgación de leyes especiales con un objetivo bien claro: continuar, ya durante la larga posguerra, la persecución de los contrarios o desafectos al Nuevo Estado, mediante incautaciones de bienes, sanciones económicas, reclusión, y si procedía, la eliminación física", tal y como refleja en su portal web la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España.

"La construcción jurídica de la represión política que siguió a las eliminaciones selectivas e indiscriminadas de los primeros momentos de la sublevación, se materializó por parte de los vencedores en un entramado institucional especializado y coordinado, para castigar y doblegar a los denominados enemigos de España, como los Consejos Guerra, la Ley de Depuración de Empleados Públicos, las Juntas de Incautación de Bienes, el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y, más cercano en el tiempo, el Tribunal de Orden Público", continúan desde el portal. De esta forma, muchísimos fueron los represaliados que en los siguientes años murieron bien tras consejos de guerra o en prisión.

Hace unos días, el Ayuntamiento de Córdoba licitó por 1,6 millones de euros las tan esperadas exhumaciones por los colectivos memorialistas de las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael, además de la preservación y custodia de los restos óseos y muestras biológicas. En concreto, estos trabajos se llevarán a cabo en las fosas Zona Alta, San Plácido y en el cuadro número cuatro de Virgen de los Dolores del camposanto de La Salud; y en la fosa de la zona ajardinada número 6 del de San Rafael, donde se hayan restos de personas que fueron asesinadas tras el golpe franquista del 18 de julio de 1936.

Todo ello de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el protocolo andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra y el régimen de colaboración previsto en el convenio firmado entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la ciudad, para la exhumación de las fosas en ambos cementerios, rubricado el 29 de diciembre de 2021.

Pero, ¿a cuántas personas se busca? La asociación memorialista Dejadnos llorar ha calificado como un "proyecto enorme" el que se persigue en los cementerios de la Salud y San Rafael. Dejadnos llorar considera que "exhumar miles de víctimas de las fosas de Córdoba es todo un reto" y que así lo evidencia la "envergadura" de la licitación, que sufragan a partes iguales el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, y el Gobierno de España. "Para que seamos conscientes de la dimisión de la tragedia que vivió Córdoba, conviene destacar que en La Salud y San Rafael yacen víctimas fusiladas de todos los municipios y pedanías de la provincia, de todas las provincias andaluzas, de 34 provincias más y de 15 nacionalidades", recuerda la asociación.

En el caso del cementerio de la Salud, y tal y como registra el pliego que rige la contratación de las exhumaciones, según las investigaciones realizadas previamente y a sondeos, en la fosa común de Virgen de los Dolores se cuenta con una previsión de 1.173 cuerpos inhumados entre 1936 y 1937, de los que 593 pertenecerían a represaliados; en la fosa común de la Zona Alta se estima que fueron enterradas 3.285 personas entre mediados de 1937 y 1941, de las que 500 serían represaliados que pasaron por un consejo de guerra y/o prisión; mientras que también en la fosa común de la Zona Alta se sepultaron 2.773 cuerpos entre 1942 y 1945. En este último caso se desconoce el dato sobre represaliados, no obstante se insiste en que se trata de un número residual.

En total, en esas tres fosas de la Salud hay 7.231 personas enterradas, de las que habría un mínimo de 1.093 víctimas del franquismo, según una de las investigaciones o de 1.163, según otra de las investigaciones. Esta última detalla que fueron asesinados y enterrados en fosa común en La Salud 593 hombres y 56 mujeres condenados por bando de guerra -aquí se incluyen también los desaparecidos- entre el 18 de julio de 1936 y marzo-abril de 1937; que corrieron la misma suerte 238 hombres condenados en consejo de guerra entre marzo-abril de 1937 y la década de los 40; y que entre julio de 1937 y la década de los 40 273 hombres y tres mujeres fueron enterrados en una fosa común tras morir en prisión.

El pliego relata que hay constancia documental de que hasta 1946 se inhumaron personas represaliadas -asesinadas o privadas de libertad-. Además de que "no se tienen datos de aquellas personas que no aparecen inscritas en ningún sitio, ni libros del cementerio, ni en el Registro Civil; son personas desaparecidas y en Córdoba hay un alto porcentaje de ellas". También el pliego señala que en aquellos años había una alta mortalidad infantil y en 1939, por ejemplo, "las inhumaciones de niños, la mayoría de muy corta edad, suponen el 46% de los enterramientos en fosa común".

En el caso del cementerio de San Rafael, según la propuesta de intervención realizada por la Sociedad de Ciencias Arandazi, de acuerdo con el informe Final Intervención Estudios Previos en la Fosa de Víctimas del Cementerio de San Rafael en Córdoba, la cifra total de personas represaliadas inhumadas en el cementerio de San Rafael y de las que hay registro documental para el periodo 1939-1944 asciende a 860, de las que 816 están enterradas en fosa común. Asimismo, el informe detalla que el perfil de la cifra total de represaliados según las características de la represión en el cementerio de San Rafael asciende a 402 personas asesinadas tras consejos de guerra y de 458 personas muertas en prisión.

Dejadnos llorar ha relacionado a las 2.203 personas asesinadas que los historiadores han identificado tras el golpe militar de 1936 y por la represión posterior, que proceden de todos los municipios de la provincia de Córdoba, de todas las provincias de Andalucía, de otras 35 provincias españolas y de Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Cuba, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Yugoslavia, extranjeros entre las que se encuentra una sola mujer, la periodista francesa Raneé Lafont.

Francisco Acosta Ramírez es director de la Cátedra de Memoria Democrática, impulsada por la Diputación y Universidad de Córdoba y profesor titular del Área de Historia Contemporánea, y uno de los historiadores que sitúan "en torno a 4.000" las personas represaliadas que se encuentran en las tres fosas de los dos cementerios cordobeses, La Salud y Sal Rafael, "la mayoría de la primera fase (de la represión), entre 1936 y 1939, fundamentalmente".

Para Acosta, el inicio del proceso "supone el primer paso para acercarse al deber de reparación, el más elemental", porque “no es posible el proceso de reparación sin entregar los cuerpos a sus familiares”, aunque, en todo caso, también "supone que vamos muy tarde", por las dilaciones que ha sufrido el proceso administrativo en el Ayuntamiento.

El profesor Acosta recuerda que "la represión afectó con carácter muy general a quien estuviera vinculado a la República”, pese a que “la gente cree que afectó solo a la izquierda, pero la derecha republicana también se vio afectada por la represión”.

El alcalde, José María Bellido, el noveno del período constitucional y el tercero del PP frente a cinco de IU y una del PSOE, personaliza este hito en Antonio Deza, presidente de la asociación Dejadnos llorar, que ha liderado desde la sociedad el proceso de reivindicación para llegar a este punto.

El proceso

Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se llevaron a cabo trabajos de investigación histórica y documentación de indicios para la localización y caracterización de las fosas de los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba y los de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de estas. Fruto de los trabajos realizados, se pudieron delimitar las fosas existentes en dichos cementerios y se elaboró un proyecto para proceder a su exhumación.

El equipo que ejecutará los futuros trabajos estará compuesto por una historiadora/or, cinco antropólogas/os forense y antropóloga/o físico, cinco arqueólogos/as y diez personas de apoyo (personal auxiliar). Al frente del equipo figurará la persona responsable de los trabajos/dirección del equipo, sobre la que recaerá la interlocución con la Administración.

Una vez estudiados e identificados los restos se respetará el deseo de las familias. El pliego relata que "aquellas familias que expresen el deseo de retirar/trasladar el cuerpo de su familiar fuera del columbario se hará cargo de los costes y gestiones establecidos en la normativa a tal efecto". Asimismo, detalla que "sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen deseo de permanecer en el mismo lugar de origen: se inhumarán en un lugar autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para futuras identificaciones".

Tras finalizar los trabajos exhumatorios se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo, desde el punto de vista histórico, en el que se recoja lo acontecido en las fosas, los trabajos realizados y el significado histórico de las mismas. Además, la colocación de los cuerpos se repondrá en un columbario, preferentemente en superficie, manteniendo un orden y organización que permita fácilmente futuras exhumaciones. Finalmente, la empresa adjudicataria deberá presentar una propuesta de reconstrucción del espacio que incluya un columbario de homenaje a las víctimas.

Antes, la empresa que logre la adjudicación "debe preservar y custodiar con todas las garantías científicas, las muestras de los restos óseos y las muestras biológicas que se tomen a los posibles familiares hasta su entrega a la Universidad de Granada para que desde la misma se realicen las pruebas de identificación genética" en virtud de convenio con la Junta de Andalucía firmado en 2016.