Córdoba tendrá una oficina de atención a las familias de las víctimas del franquismo

Córdoba contará con una oficina de atención a las familias de las personas represaliadas que yacen en los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael y cuyos trabajos de exhumación están previstos que estén contratados este mismo año, según ha avanzado el edil de Infraestructuras, Antonio Álvarez. Son los dos puntos que se han tratado en la comisión de seguimiento prevista para desarrollar esos trabajos de excavación y exhumación de las fosas y a la que pertenecen la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Córdoba. A la misma ha asistido como invitado el secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central, Diego Blázquez.

Álvarez ha detallado que la idea es que la oficina de atención ciudadana tenga una sede física, si bien también habrá una sede virtual como apoyo. "Soy partidario de una oficina física por la edad que tienen ya los familiares de las víctimas. Irá ligada a una labor informativa de todos los pasos que tenemos que dar de lo que se vaya realizando", ha sentenciado. Esta oficina ha sido largamente pedida por los colectivos memorialistas de Córdoba. Se ubicará en Córdoba capital y la Diputación extenderá la información a través de los diferentes municipios de la provincia. Se ha considerado que los lugares idóneos para situar las sedes de esta oficina serían los centros cívicos de Poniente Sur y Sebastián Cuevas, que son los más próximos al Cementerio de La Salud.

El convenio que establece el desarrollo y la financiación entre las cuatro administraciones públicas: el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, para llevar a cabo las exhumaciones en los cementerios municipales de la Salud y San Rafael, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, se firmó a finales del pasado año.

En los citados camposantos se estima que hay 4.000 personas enterradas en fosas comunes, de 34 provincias distintas y de 15 países diferentes. Fue en diciembre de 2020 cuando las administraciones sellaron el protocolo para realizar las primeras catas y se comprometieron a aportar 400.000 euros cada una.

El Gobierno de España ya había aportado un total de 125.000 euros el pasado mes de diciembre y en 2022 aportará los 275.000 euros restantes. Asimismo, la Junta de Andalucía destinará los 182.000 euros que corresponden a este año, 125.000 para 2022 y el restante, 60.000 euros, para 2023.

El Ayuntamiento de Córdoba dividirá el presupuesto con 140.000 euros el año que viene, 100.000 en 2023 y 16.000 en 2024. Por su parte, la Diputación Provincial realizará un primer aporte de 57.000 euros con cargo al presupuesto de 2021, 100.000 euros más entre este año y el ejercicio de 2022 y 143.000 en 2023.

Este convenio permitirá la ejecución de los trabajos de exhumación e individualización de los cuerpos que se hallen en las fosas, el estudio antropológico forense de los restos que sean recuperados, y la identificación genética y dignificación del espacio en que hubiera sido localizada la fosa.

"El cronograma de las actuaciones pasa por tener en cuenta ciertas consideraciones jurídicas en cuanto a los periodos de ejecución y de justificación de gasto que exige la Intervención Municipal. Se trata de contratos mayores que contendrán diversos lotes, porque no solo tenemos lo que son las labores de excavación para la búsqueda y exhumación de los restos, sino que tenemos también la labor de custodia con un protocolo adecuado de todos esos, la extracción de material genético y la entrega de esos restos a los familiares. Tenemos también que ultimar el convenio que existe con la Universidad de Granada al efecto de realizar el estudio genético", ha sentenciado el edil de Infraestructuras.

El secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central ha destacado que "el mérito de todo esto" corresponde a las asociaciones, "especialmente a Dejadnos llorar, que son los que han estado insistiendo con mucha paciencia, mucha comprensión y mucha prudencia para garantizar que todas las administraciones colaboraran". Blázquez ha sentenciado que "la idea de tener esa oficina es también establecer ese vínculo no solo con la asociación sino también con toda la sociedad de Córdoba, porque parte del proceso es también dar a conocer estos hechos y que tengamos esa labor didáctica, pedagógica, por qué hay que desterrar cualquier tipo de forma de violencia".

Mientras, el diputado provincial de Memoria Democrática, Ramón Hernández, ha insistido en que desde la delegación que preside espera que los trámites sean los más ágiles posibles, "porque esto es un reclamación de la sociedad cordobesa, de la sociedad civil memorialista, que se movilizó hace cinco años y las instituciones tenemos que darles respuesta". "El pistoletazo de salida que se dio a finales de diciembre con la firma del convenio y la aportación económica de las administraciones tenemos que llevarlo ya de una forma efectiva; en este año tenemos que estar ya exhumando cuerpos, para dar esa respuesta", ha defendido.