Córdoba registra la mayor cifra de embargos de viviendas y desahucios en cinco años

La provincia de Córdoba registró durante 2022 el mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de los últimos cinco años, con un total de 285 procedimientos, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta es la cifra más elevada de la serie desde 2018, cuando hubo 200 ejecuciones hipotecarias sobre pisos y casas; en 2019, se registraron 193; en 2020, un total de 170, y en 2021, 276. El récord está en 2014, en plena crisis, cuando hubo 867.

La ejecución hipotecaria es el procedimiento por el que se cobran las deudas insatisfechas de una hipoteca. El acreedor, que es la entidad bancaria, tiene la posibilidad de ejecutar la garantía cuando el deudor no se hace cargo de sus responsabilidades contractuales durante un cierto tiempo, pudiendo llegar al embargo del inmueble e incluso al desahucio.

En primer lugar, el banco tiene que aplicar la denominada cláusula de vencimiento anticipado, que permite anular el contrato en caso de incumplimiento por la otra parte. Según la normativa vigente, esta cláusula solo se puede aplicar en los siguientes casos: si el deudor debe al menos 12 cuotas o el equivalente el 3% del importe de la hipoteca, en caso de estar en la primera mitad del plazo de devolución; o si debe 15 cuotas o el equivalente al 7% del importe de la hipoteca, en la segunda mitad del plazo de devolución.

La entidad tiene que avisar con al menos un mes de antelación de las cantidades que debe, y de que iniciará la ejecución hipotecaria. Y, después de esto, el banco podrá presentar en el juzgado una demanda ejecutiva para que dé comienzo la ejecución hipotecaria. Es competente el juzgado de primera instancia. El siguiente paso consiste en que el tribunal envía la notificación al deudor requiriéndole al pago de las cuotas impagadas, el importe pendiente, los intereses de demora y los gastos procesales.

Durante 2022, en Córdoba se registraron un total de 436 ejecuciones hipotecarias, incluidas las fincas rústicas y las urbanas (viviendas, solares, locales o plazas de garaje). Este volumen global supone un descenso del 7,23% respecto al año anterior, cuando fueron 470, aunque sí repuntaron los procedimientos que afectan a viviendas (hubo nueve más, con 286) y solares (dos más, con un total de diez).

El informe del INE concreta que, de las viviendas afectadas, 26 fueron nuevas (una menos que en el año anterior) y 256 estaban clasificadas como de segunda mano (diez más). Esta última cifra es la más alta desde 2917, cuando hubo 320.