Córdoba registra más de mil ocupaciones ilegales de viviendas en seis años

Las ocupaciones ilegales de viviendas en Córdoba han aumentado considerablemente en los últimos años. Según los datos de las denuncias realizadas y los hechos conocidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia y a los que ha tenido acceso el Día, se han registrado un total de 1.009 ocupaciones ilegales desde el año 2015, el 43% de ellas en los últimos dos años, lo que confirma el alza de este tipo de delitos en Córdoba.

Así, de las 1.009 ocupaciones registradas desde hace seis años, 217 ocurrieron en 2019 y 216 en 2020, esto se traduce en un total de 433 y arrojan una media de 216,5 al año. Mientras, las cifras de los cuatro años anteriores juntos (esto es, de 2015 a 2018) suman 576 casos, una media de 144 anual. De ello se deduce que el problema en la provincia ha crecido un 33,4% en los últimos dos años.

En cifras totales en la provincia se denunciaron o tuvo conocimiento la Policía Nacional y la Guardia Civil de 136 casos en 2015; 126 en 2016; 117 en 2017, que al siguiente año se convirtieron en 197 y alcanzaron cifras récord comparativamente hablando. Sin embargo, fue el año 2019 el que registró la cifra más alta, con 217 ocupaciones ilegales, casi igual que el año de la pandemia, que cerró con 216 denuncias y que los expertos aseguran podrían ser más, por aquellas que no se denuncian o no salen a la luz pública.

Es precisamente el año 2019 el que marca la cifra más elevada de los datos oficiales, proporcionados por el Gobierno a este periódico. Ese año 18 viviendas fueron ocupadas ilegalmente cada mes en la provincia, una cifra que se mantuvo igual durante el año siguiente.

Este año las denuncias de los vecinos de zonas como El Brillante y la Sierra de la capital cordobesa han hecho que el problema se vuelva a poner sobre la mesa tras haber hecho publica la ocupación de una vivienda de un fondo de inversión ubicada en ese barrio cordobés el pasado julio, lo que se tradujo en la necesidad de reforzar la seguridad en la zona por parte de la Policía Nacional durante el mes de agosto y a convocar reuniones entre el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Norte Sierra, mientras los vecinos exigen solución "a los políticos" y se quejan de que la justicia "es lenta".

Mientras las autoridades le buscan solución, los ocupas de esta vivienda se han mostrado tajantes en su reivindicación y han asegurado que no dejarán el inmueble "hasta que la Junta o Vimcorsa nos dé una casa" donde criar a sus tres hijos. Pero este no es el único caso, los vecinos han denunciado además una ocupación de otro chalet en la misma zona de El Brillante, a 1,2 kilómetros de distancia, 17 minutos caminando.

Esta situación no solo ocurre ente barrio, de hecho, el Casco Histórico de Córdoba se considera especialmente vulnerable, pues es una zona que residencialmente hablando está cada vez más abandonada. Aunque según los especialistas en la materia los ocupas principalmente buscan "zonas degradadas", hay personas que van en busca, directamente, de promociones sin vender de la periferia. En agosto del año 2020 se conoció el caso de intento de una familia de ocupar un piso que pertenecía a un banco en La Arruzafilla, una zona residencial que comprende gran cantidad de construcciones nuevas. Ante ello, los vecinos hicieron guardias todos los días y avisaron a los medios de comunicación y se pudo frustrar el intento.

Y es que, una vez que se ha producido la ocupación de una casa, las opciones reales para el propietario van desde interponer una denuncia, negociar una salida rápida o utilizar algún servicio privado de desocupación, que han sido, en ocasiones, tema de controversia.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior elaboró a finales del pasado año un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para Policía Nacional y Guardia Civil que homogeneiza y mejora la respuesta policial y garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.

Tanto en el caso de primera como de segunda vivienda, y constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede, según el Ministerio.

El problema en Andalucía

Los datos facilitados por el Gobierno dan cuenta de que desde el año 2015, la mayoría de las ocupaciones en Andalucía se producen en Sevilla, un 26,9% (3.556) de las 13.222 registradas en la comunidad autónoma.

Por detrás se encuentran Málaga con 2.224 denuncias (16,9%); Cádiz 2.011 y 15,3%; Almería 1.438 y 10,9%; y Córdoba con 1.009 denuncias, que representan el 7,7% del total en la comunidad autónoma. El resto de provincias tiene menos ocupaciones comparativamente hablando, ya que 2.984 del total se reparten entre las provincias de Jaén, Granada y Huelva.