El concejal David Dorado se queda sin competencias en el gobierno municipal de Córdoba

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la retirada de competencias y responsabilidades de gobierno al concejal de Cs David Dorado después de que la Fiscalía haya encontrado indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores de Infraestructuras -delegación de la que hasta hoy era responsable- correspondientes a 2020. Así, Dorado ha dejado de ser responsable de las delegaciones de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como se ha quedado sin la presidencia de Sadeco y sin la tenencia de alcaldía que ostentaba. No obstante, mantiene su acta de concejal. Con la medida se ha abierto una crisis de gobierno.

Tanto la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, como el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, han detallado que la decisión ha sido tomada "en aras de la trasparencia" y han anunciado que esa decisión trae consigo que se vaya a producir una remodelación de la competencias del equipo de gobierno que se hará efectiva durante esta semana. "Como el foco está puesto en una delegación de su responsabilidad hemos entendido que en aras de la transparencia nuestro compañero David Dorado se retire de esa delegación para que todo pueda ir transcurriendo de la mejor manera posible, que la investigación transcurra de la mejor forma posible", ha insistido Albás.

Torrico ha apuntado que "como equipo de gobierno se ha actuado desde el momento en que se produce esta situación y las decisiones han sido trabajadas, dialogadas, consensuadas y acordadas por los representantes de los dos grupos municipales, pero con el objetivo fundamental de servir de la mejor manera a los cordobeses". Y considera que "es el momento de reestructurar las competencias, que de forma inmediata se aborden, sin descartar, porque el procedimiento está abierto, que pueda reasignarse algún tipo de función", a la vez que ha aclarado que "el concejal David Dorado no volverá a tener la responsabilidad de la Delegación de Infraestructuras en ningún caso".

Además, la junta de gobierno local ha aprobado el cese anunciado de la coordinadora general de la Delegación de Infraestructuras directamente acusada por la Fiscalía en el caso Infraestructuras, al igual que se acusa un técnico de dicha delegación. Precisamente, el voto en contra de Dorado a esta destitución ha sido, según fuentes municipales, la gota que ha colmado el vaso para que haya sido relegado de todas sus funciones.

El equipo de gobierno en Capitulares da así por cerrado desde el punto de vista político un polémico episodio del que ya hay ramificaciones en los juzgados por presuntas irregularidades en la contratación de obras. Como anunció hace unos días el alcalde, José María Bellido, las medidas se harían públicas lo antes posible. Y así ha sido. El alcalde señaló entonces que "las responsabilidades políticas están ceñidas a la Delegación de Infraestructuras", que dirigía hasta hoy un concejal de Cs, "el socio de gobierno, con el que somos leales unos con otros", pero "evidentemente cada uno dirige sus propias delegaciones", aclaró, agregando que una vez decidieran desde Cs, "luego se verán las responsabilidades conjuntamente en el marco del acuerdo de gobierno entre PP y Cs".

El caso Infraestructuras se destapó después de que los grupos municipales de IU y Podemos denunciaran la posible falsedad documental por parte de dicha Delegación a la hora de certificar varias actuaciones correspondientes a 2020 y llevaran al Ministerio Fiscal la causa. Tras ello, la Fiscalía trasladó al juzgado decano de Córdoba un decreto sobre la citada denuncia, en la que apuntaba como presuntos autores de los delitos al responsable de la tramitación de los contratos, un funcionario municipal, jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, y a la coordinadora general de Infraestructuras, un cargo de confianza del teniente de alcalde David Dorado, "sin perjuicio de la posible participación de terceros".

En el decreto, la Fiscalía detalla, entre otras cosas, cómo el técnico "firmó certificaciones y actas de recepción (de las obras y actuaciones que se adjudicaron mediante contratos menores sin publicidad) encontrándose en período vacacional, sin haber recepcionado las citadas obras" en 17 de los expedientes cuestionados, y le acusa de alterar "la realidad de los documentos al acreditar la certeza en la realización de la prestación sin su comprobación".

El Ministerio Fiscal insiste en cada expediente las irregularidades que ha encontrado, entre ellas, la falta de justificación de la actuación, el informe negativo del titular de apoyo a la Junta de Gobierno Local, la posible existencia de vínculos familiares entre las empresas que se invitaban a presupuestar las actuaciones y la reiteración en la concurrencia de las mismas sociedades en 19 expedientes. Además del fraccionamiento de los contratos, la tramitación de un contrato de suministro como de obra o que el acta de conformidad de la obra fuese posterior a la presentación de la factura.

"Además, una vez reconducida fraudulentamente la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos y garantías, también se vulneraron las limitadas exigencias de éste, seleccionando las empresas invitadas, la presentación de tres presupuestos distintos en algunos casos por empresas con el mismo administrador, empresas vinculadas o incluso con reiteración de las empresas seleccionadas arbitrariamente elegidos consiguiendo la adjudicación aparentando la concurrencia de contracción", subraya el Ministerio Público.

El fiscal añade que en uno de los supuestos objeto del contrato, presumiblemente, "ya se había realizado, por lo que resultaba superfluo o innecesario, generando el abono del importe de dicho contrato sin necesidad de la prestación, por reiterada, pudiendo suponer, en su caso, un detrimento de los fondos públicos". "Existen indicios para considerar que existe delito de falsedad toda vez que los documentos expedidos y firmados no se ajustan a realidad en su contenido, recayendo la alteración sobre extremos esenciales del documento", recoge.

Las obras denunciadas van desde el contrato de suministros de material de colegios públicos y edificios, a la del alumbrado ornamental para ferias y fiestas.