David Dorado se ratifica ante el juez en su denuncia del 'caso Infraestructuras' en el Ayuntamiento de Córdoba

El exconcejal de Infraestructuras David Dorado ha declarado este miércoles en el juzgado de instrucción número 2 de Córdoba por la segunda causa que se sigue del conocido como caso Infraestructuras, causa que tiene que ver con contratos realizados por dicha área municipal relativos al alumbrado público que se remontan al año 2012 y que él mismo denunció.

La otra de las causas del caso Infraestructuras fue denunciada ante la Fiscalía por los grupos municipales de Podemos e IU en los tiempos en los que él era el edil responsable del área, por el fraccionamiento de otros contratos relativos a distintas obras, denuncia que acabó derivando en su cese por parte del alcalde, José María Bellido. Dorado llegó a pedir la dimisión del regidor por "impedir que se investigara" la parte del caso que él denunció.

Tras esta declaración ante el juez de Dorado vendrán las de hasta nueve investigados, entre técnicos municipales y los responsables de seis empresas que presuntamente se podrían haber beneficiado de un supuesto fraude organizado en torno a los contratos del alumbrado público. La Fiscalía describía en la calificación de la causa "presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias".

Esos contratos denunciados por quien fuera portavoz del grupo municipal de Cs y también, entre otros cargos, presidente de la empresa municipal Sadeco -hoy concejal no adscrito y fuera de Cs- sumaban más de 400.000 euros y buena parte de ellos habían sido adjudicados a la misma empresa y redactados por el mismo responsable técnico de la Delegación de Infraestructuras.

En su declaración, Dorado, que ha respondido también a las preguntas de los abogados de los seis empresarios, se ha ratificado en su denuncia, ha pedido a la Justicia que investigue después de que la Fiscalía encontrase indicios de delito y ha vuelto a insistir en que el propio alcalde ha frenado dicha investigación.

Sobre este último asunto, Dorado ha recordado al juez que él mismo encargó al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, que investigara todas las áreas y empresas municipales desde el año 2012 hasta la actualidad, algo que, según ha insistido, también frenó el alcalde. "En aras a esa transparencia que ahora defiende el alcalde, se tendría también que investigar a la Gerencia Municipal de Urbanismo, al Imtur, al Imdeco... yo pedí al secretario que se investigara a todo el Ayuntamiento", ha sentenciado. "Y después de eso, el alcalde denegó la prórroga para investigar al secretario del Pleno cuando este había pedido una ampliación del plazo para llevar a cabo esa investigación", ha añadido el exedil de Infraestructuras. "No sé qué teme el señor alcalde para que le haya denegado la prórroga para seguir investigando", ha lamentado.

"Me da pena de que el Ayuntamiento no se persone en la causa después de que el Ministerio Fiscal haya insistido en que es parte perjudicada", ha relatado Dorado. "No obstante, en este asunto hay un problema y es que la persona que debe personarse por parte del Ayuntamiento, [el letrado] Miguel Aguilar, también ha formado parte de la Mesa de Contratación que ha dado el visto bueno a estos contratos presuntamente irregulares, por lo que hay un conflicto de intereses", ha sentenciado.

"Esa personación era una oportunidad de oro, que se está perdiendo, para que el alcalde demostrase esa transparencia que él defiende ahora, porque sin esa personación no se están defendiendo los intereses municipales", ha relatado el concejal.

Es el juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba el que lleva el caso desde que la Fiscalía viese indicios de delitos en dichos contratos que Dorado denunció, cuando era teniente de alcalde, porque había "tenido conocimiento, a través de las pertinentes comunicaciones y quejas de empresas licitadoras y no adjudicatarias", de la existencia "de posibles irregularidades en las licitaciones de obras que el Ayuntamiento había realizado en los últimos cinco años sobre sustitución de luminarias de alumbrado publico de Córdoba, y remodelación de nuevas calles que llevan incorporado nuevo alumbrado".

En su denuncia aseguraba "que estas empresas manifestaban la imposibilidad de acceder a la posible adjudicación debido a los términos de redacción de los proyectos", que "han hecho inviable, desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias de las mismas".

La otra parte del 'caso Infraestructuras'

La declaración de Dorado ha tenido lugar después de que el Ayuntamiento haya detectado presuntas irregularidades en otras 200 facturas del área de Infraestructuras. "El alcalde pretende así dar lecciones de transparencia cuando ha impedido que se investigue no solo el tema del alumbrado público, sino también todas las áreas y empresas municipales", ha lamentado el propio Dorado.

El pasado lunes, el equipo de gobierno, reunido en Junta de Gobierno Local, acordó, por vía de urgencia, mandar a la Asesoría Jurídica la apertura de diligencias previas informativas sobre las mismas e informar de estas presuntas irregularidades a la Policía Nacional, que también investiga los anteriores contratos de Infraestructuras llevados a los tribunales.

En concreto, se trata de, hasta el momento, un grueso de 200 facturas correspondientes al área de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios, pendientes de pago y sobre las que había dudas de cuyos trabajos se hubieran llevado a cabo, y que se han tramitado durante el pasado mes de septiembre.

El ahora edil responsable de Infraestructuras, Antonio Álvarez, informó de que también se ha registrado un notable aumento de facturas por menos de 500 euros; se trata de una cuantía mínima posible establecida para evitar posibles fraudes.

"Se han producido diversas reuniones con capataces" para analizar las facturas. En las mismas, se comprobó que "había un desconocimiento de la ejecución del contenido de esas facturas", relató Álvarez. Por ese motivo, indicó que "se ha realizado una investigación interna" y se ha descubierto que "hay un paquete de facturas que no es asumido por ninguna persona y que tampoco se hayan prestado los trabajos facturados".