Detienen de nuevo a un empresario por obstrucción a la justicia en el caso Infraestructuras

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido, de nuevo, a un empresario vinculado con el caso Infraestructuras en Córdoba este viernes. El empresario, que ya ha sido puesto en libertad, ha sido acusado esta vez de obstrucción a la justicia, según han confirmado fuentes de la Policía a este periódico.

La detención se ha llevado a cabo dentro de la segunda parte del caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para tratar de esclarecer supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por posible delito de malversación de caudales, según informan fuentes de la Policía a este periódico. El mismo empresario ya había sido detenido antes, acusado de delitos de cohecho, malversación y pertenencia a grupo criminal dentro del mismo caso.

Antes de esta, la última detención por el caso se produjo el pasado 27 de enero, cuando los agentes detuvieron a otro empresario, de unos 46 años de edad, tras supuestamente emitir facturas falsas por unos 80.000 euros, dentro del mismo caso. Finalmente también fue puesto en libertad.

El concejal David Dorado y a una decena de empresarios están citados a declarar como investigados, en el marco de la investigación. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que todos los imputados comparecerán en sede judicial durante los días 2 y 3 de marzo. También está citado un perito como testigo.

El caso se remonta a noviembre de 2021, a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía de Córdoba inicialmente por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por posible delito de malversación de caudales públicos.

La investigación primaria se centraba en el Plan de Choque Córdoba del Ayuntamiento, suscrito el 22 de mayo de 2020, para promover la ejecución de obras, preferentemente por procedimiento simplificado o contratos menores, tanto de obras como de servicios.

Las obras de la avenida de Libia constituyen supuestamente la punta del iceberg, de acuerdo a la investigación desarrollada posteriormente por la UDEF de la Comisaría de Córdoba, de la que el juez da cuentas. Según el magistrado, las pesquisas, aparte de corroborar las "aparentes irregularidades" en la ejecución de las obras del alumbrado público, retratan "auténticas connivencias" entre determinados empresarios y el principal sospechoso.

Esto se materializaba en la adjudicación de obras a empresas "dominadas de hecho" por las finalmente contratadas, un método con el que presuntamente se eludían "de forma clara" no solo las obligaciones de la legislación sobre transparencia y concurrencia competitiva, sino "el mandato expreso de la instrucción del Ayuntamiento".

En algunos casos, incluso, "se llega a constatar cierta relación de amistad entre el contratista seleccionado y el investigado". La investigación, de hecho, llega a determinar "la realidad de determinados pagos de gastos, en concreto estancias en establecimientos hoteleros", a favor del funcionario pero "facturados a nombre de alguna de las empresas seleccionadas para la ejecución de las obras o la prestación de servicios". La UDEF, incluso, constató la cesión del uso de una parcela durante un año, terreno que habría sido atendido por un jardinero pagado por el empresario.

Ampliación de la investigación

Tras las indagaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, el juez José Luis Rodríguez Lainz propuso abrir cuatro nuevas causas, todas ellas presuntamente cometidas en la etapa del concejal David Dorado al frente del área de Infraestructuras. Algunas tienen conexión entre sí, pero otras apuntan a corruptelas independientes con el único nexo común de sus supuestos protagonistas.

Una de las nuevas líneas de investigación extiende sospechas sobre 45 facturas del ejercicio 2022 referidas a albañilería, pintura, administración y fontanería. De acuerdo al auto judicial de diciembre, los mismo empleados municipales habrían mostrado su extrañeza por que "la mayoría de las actividades podían haberse realizado por medios propios o con el apoyo de empresas auxiliares con al que se había suscrito una contrata de gestión".

Los testigos, además, declararon no tener noticia de que se hayan llevado a cabo algunas de estas obras e, incluso, declaran que otras se realizaron con medios propios y no por terceros. En otras ocasiones, el importe de las facturas se triplica: es el caso de la poda de olivos de las Caballerizas Reales, que pasa de 1.500 a 4.500 euros.

Los trabajadores municipales, siempre de acuerdo al relato del juez, apuntan al principal acusado en el procedimiento, el funcionario que dirigía la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios y que fue nombrado por el propio Dorado. Según el magistrado, las irregularidades en la emisión de albaranes llegaron incluso a que se emitieron "sin referencia a precios de unidades de suministro o ejecución".