La Diputación de Córdoba ratifica la subida de un 40,8% en la tasa de recogida de residuos
Pleno extraordinario
Las nuevas tasas, en las que solo sube la de la basura, entrarán en vigor el 1 de enero de 2024
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La Diputación de Córdoba ha aprobado, con carácter definitivo y en un Pleno extraordinario, la modificación de las ordenanzas provinciales reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario y de los precios públicos relacionados con la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales de la provincia.
Dicha ratificación, ha contado con los votos favorables del PP, la abstención de Vox, y los votos en contra de los grupos PSOE e IU con Andalucía. Durante su intervención, el vicepresidente primero de la institución, Andrés Lorite, ha indicado que “con la aprobación durante esta sesión plenaria de la modificación de las ordenanzas, las nuevas tasas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024”.
Además, el también presidente de Epremasa (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente) ha recordado que “esta modificación se ha llevado a cabo con rigor, en cuanto al análisis de la situación crítica de la que partía Epremasa; con la responsabilidad para tomar medidas que eviten la quiebra de esta empresa que cuenta con unos 60 trabajadores; y con la sensibilidad social para amortiguar el golpe fiscal”.
Esta aprobación supone que la tasa de la basura tasa de la basura en la provincia de Córdoba sube y lo hará en hasta un 40,8% el año que viene. Este más que notable incremento porcentual en el recibo de la basura se traducirá finalmente en la subida de 3,14 euros al mes. El resto de las tasas, como la del agua de Empreacsa, se quedan invariables.
Pero, ¿a qué se debe este aumento? Pues, según ya detalló el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, a las pérdidas económicas que arrastra la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente. En concreto, la entidad provincial prevé cerrar el ejercicio de 2023 con un déficit de 7,5 millones de euros, una cuantía que para 2024 se incrementará hasta los 9,6 millones de euros.
Con esta estimación millonarias de pérdidas, el aumento real de la tasa de la basura se elevaría hasta el 51,53% "para ajustar las cuentas" de Epremasa, según indicó Fuentes. Al detalle, continuó, de este incremento del 51,5%, el 24% corresponde al impuesto de vertederos del Gobierno de España -en concreto, al de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, que suponen 4,5 millones de euros. Por su parte, el 10% de la subida corresponde al aumento de las contratas, lo que representa 1,9 millones de euros, mientras que el 16,5% restante -que serían 3,1 millones de euros- vienen de la disminución de las ventas de los productos reciclados.
Bonificaciones
Para paliar la situación derivada del incremento en las tasas, la empresa provincial aplicará, de conformidad con una disposición recogida en la Ley de residuos, una bonificación de un 25% de la cuota íntegra para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, en colaboración con entidades de economía social, sistema de gestión que reduzcan de forma verificable los residuos alimentarios.
A esta bonificación se suman las ya existentes, de un 50% en la tarifa anual y manteniéndose la ayuda durante tres años, para viviendas cuyos beneficiarios tengan la condición de jubilado o pensionista, de perceptores de renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital, que tengan la condición de familia numerosa, mujeres víctimas de violencia de género, que sea una unidad familiar donde al menos dos miembros en edad de trabajar estén en situación de desempleo, que los ingresos no superen 1,5 veces el Iprem y que se esté al corriente del pago de la tasa o prestación patrimonial no tributaria.
Como novedad, se incluye la posibilidad de que sean beneficiarias las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, los propietarios de algún inmueble no habitual en un porcentaje igual o inferior al 25% y se modifica el plazo de recepción de solicitudes, que pasa a ser de tres meses -del 1 de julio a 30 septiembre- para tener datos tributarios más actualizados.
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