La Diputación reparará la piscina cubierta del Figueroa para su apertura

La piscina cubierta del Parque Figueroa comienza a ver la luz después de años de abandono. La Diputación de Córdoba licitará el proyecto básico y de ejecución de las obras para reparar este equipamiento por un importe máximo de 211.326 euros.

Estos trabajos son necesarios ya que después de tantos años en la desidia, la piscina –que en ningún momento se ha abierto al público a pesar de estar terminada– presenta varias deficiencias. En este tiempo, los vecinos han protagonizado diversas protestas por la demora.

Además, la Diputación tiene en curso la firma del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para la explotación de las instalaciones, de cuya gestión se encargará el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), que deberá solicitar las licencias y autorizaciones necesarias para la puesta en servicio.

El proyecto que licitará la Diputación consiste en la impermeabilización integral de los dos vasos y el enlechado de juntas en la playa de la piscina pequeña, reparaciones en la instalación de agua fría y agua caliente, arreglos en la instalación de saneamiento, incluyendo su desatasco; actuaciones concretas en la instalación de depuración, como la reparación de fugas;reparaciones en la instalación eléctrica y en la climatización.

La edificación tiene una sola planta de altura. La baja consta de zona de acceso (control, dos oficinas, aseos y galería, con una superficie útil de 265,58 metros cuadrados), vestuarios (dos generales, con duchas y aseos y siete para técnicos y acompañantes, con una superficie útil de 345,45 metros), piscinas (vaso polivalente de 25 por 12,50 metros y vaso de enseñanza de 12,50 por 7,50 metros, con una superficie útil de 905,52 metros cuadrados) y tribuna de público (de 166,46 metros). En total, la superficie construida de la planta baja es de 1.830,64 metros. La planta sótano alberga las instalaciones técnicas (salas de máquinas, de depuración, de calderas, de agua caliente sanitaria y galerías de inspección).

El primer convenio para la construcción de esta piscina cubierta se firmó entre la Junta y la Diputación en febrero de 2004 y en un principio también incluía una pista polideportiva cubierta y la adecuación de dos pistas de voleibol, que no se llegaron a hacer por limitaciones de presupuesto. En ese momento el convenio no recogía que las instalaciones estuvieran destinadas a ningún grupo especial de ciudadanos, aunque luego se optó por que fuera para personas con movilidad reducida.

La primera adjudicación de la obra fue a Gadiconsa, que las ejecutó entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008, fecha en la que quedaron paralizadas por suspensión de pagos del contratista. Tras resolver el contrato, la Junta encargó el proyecto de terminación, que se adjudicó a Tecysu por 491.139 euros. Las obras se ejecutaron entre octubre de 2009 y febrero de 2012, aprobándose un modificado por importe de 98.221 euros y una liquidación por exceso de medición de 58.856 euros.

La Consejería contrató a partir de diciembre de 2010 una serie de trabajos de reparación de las numerosas e importantes irregularidades que se detectaron en las obras de Gadiconsa y cuyo importe ascendió a 356.062 euros. La adjudicación fue para Procyr y se ejecutaron entre febrero de 2016 y abril de 2017. Con posterioridad, se ha redactado un proyecto de “actualización a normativa vigente de la Piscina Cubierta en la avenida del Mediterráneo”, por un importe de 791.824 euros, financiado por la Junta. Estos trabajos acabaron en abril de 2017.

En 2018, transcurrido el plazo de garantía, se han detectado una serie de deficiencias cuya subsanación ha sido requerida al contratista por la Consejería. Algunas de ellas impiden la puesta en uso de las instalaciones.

En este sentido, Procyr ha realizando parte de las actuaciones requeridas, pero ha recurrido la realización de otras por considerar que no son defectos de ejecución de las obras contratadas por la empresa, sino deficiencias que corresponden a fases anteriores.

En este punto, la Junta ha manifestado la imposibilidad de sufragar el coste de estas actuaciones hasta que no se resuelva el recurso contencioso administrativo que tiene interpuesto Procyr, por lo que el proyecto es financiado exclusivamente por la Diputación.