Directores, familias e inspectores exigen a Educación instrucciones claras para el inicio del curso
Coronavirus
La comunidad educativa reclama una mejora de los recursos humanos y materiales, así como que se baje la ratio en las aulas y se impulse la conciliación
La incertidumbre sobre cómo afrontar el inicio del curso escolar y las dudas ante el papel que está jugando la Junta de Andalucía ha derivado en que los directores de los centros de Primaria, los de Secundaria, la federación de padres y madres de alumnos y los inspectores de educación se hayan puesto de acuerdo a la hora de plantear algunas demandas. Así, las asociaciones Asadipre, Adián, Codapa y Adide Andalucía han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman a la Consejería de Educación que se aclare sobre cómo actuar en septiembre ante la crisis del coronavirus.
En su escrito, los colectivos firmantes exigen al departamento de Javier Imbroda que “se dicten unas nuevas instrucciones más concretas y que den respuesta a la realidad de los centros”. Añaden que “desde nuestras asociaciones nos ofrecemos a colaborar con todas aquellas administraciones, agentes sociales y colectivos que nos lo soliciten y nos ofrecemos para hacer llegar a las mismas nuestras opiniones, propuestas, reflexiones, basadas en el conocimiento de la realidad y de nuestros centros educativos”.
Entre sus propuestas, los directores, familias e inspectores señalan que “la enseñanza presencial, dadas sus características, garantiza la equidad del sistema educativo, por lo que debe ser la prioritaria en el inicio del curso”. Precisan que esa presencialidad debe desarrollarse con la mayor seguridad posible, por lo que instan tanto a la Administración educativa como a la sanitaria a que tomen las medidas y acuerdos necesarios para que “se pueda llevar en condiciones de seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente el alumnado, y todos aquellos pertenecientes a los sectores más vulnerables”.
En otro de los puntos se refieren a que todas las medidas y estrategias que se planifiquen deben partir de la asunción de “la imposibilidad de garantizar la seguridad completamente y de la necesidad de asumir que una emergencia requiere de medidas excepcionales”, por lo que plantean que la Junta, “en su condición de mando único, tiene que asumir en primera persona la responsabilidad que le compete trasladando de esta forma seguridad a las direcciones de los centros y, consecuentemente, a las familias. No es admisible la delegación de las propias responsabilidades y funciones”, critican.
También consideran que las instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19, “son insuficientes para afrontar con garantías de seguridad el inicio de curso, por lo que sería necesario dictar unas instrucciones más detalladas y precisas que vinieran a dar respuesta a la honda preocupación existente en las direcciones y equipos directivos y familias, siendo prueba de ello la ingente cantidad de quejas, dudas y consultas que han trasladado a las delegaciones territoriales a través de la Inspección Educativa en las reuniones con las direcciones de los centros convocadas a tal efecto”.
Sobre los medios con los que cuentan los colegios e institutos, los directores, familias e inspectores apuntan que aunque “somos conscientes de la limitación de los recursos humanos y materiales”, cada centro debe conocer con suficiente antelación los recursos de los que va a disponer para organizar de una manera eficiente el curso. No obstante, “insistimos en que se debe apostar por la mejora de los recursos humanos y materiales, así como el estudio de bajadas de ratio que posibilite una mejor atención al alumnado en cada una de las aulas de los centros educativos”.
También solicitan a Educación que en la comunicación con la ciudadanía “se traslade un mensaje realista y una llamada a la colaboración responsable, y que se eviten situaciones de alarmismo o de exceso de confianza”, además de “una mejora de las condiciones que faciliten la conciliación familiar”.
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