El concejal de Córdoba David Dorado y los empresarios del caso Infraestructuras declararán ante el juez como imputados en marzo

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha citado a declarar en calidad de investigados al concejal David Dorado y a una decena de empresarios en el marco del Caso Infraestructuras, la presunta trama de corrupción de supuestas mordidas y facturas falsas en el Ayuntamiento. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que todos los imputados comparecerán en sede judicial durante los días 2 y 3 de marzo. También está citado un perito como testigo.

Será la segunda vez que Dorado dé su versión ante el juez; la primera vez fue en noviembre, aunque en aquella ocasión acudió como testigo y sin abogado. En todo este tiempo, siempre ha defendido su inocencia.

Hasta el momento, ¿qué tiene el juez contra el edil? En su auto de imputación de diciembre, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz ya señalaba que la situación de Dorado en este momento procesal es todavía “incierta”. Los indicios que apuntan en su contra parten de su “decidida intención” de nombrar como coordinadora del área a la funcionaria y de sus “maniobras” para conseguir que ésta ejerciera el “dominio real” del departamento.

También existen sospechas por la “búsqueda de excusas” para que el otro alto funcionario imputado “dominara importantes parcelas del área de alumbrado público”, así como por su “cierta predisposición” a actos de aparentemente corrupción. Entre estos, “proponer a un empresario mordidas por adjudicarle contratos menores” o “saltarse las reglas de funcionamiento de prestaciones u obras que no precisaban el auxilio externo, en un contexto incluso de emisión de facturas falsas”. Todo ello lleva al juez a “atribuirle la condición de investigado para una mejor garantía de sus derechos procesales”.

En libertad con cargos

Todos los implicados fueron detenidos a mediados de diciembre por la Policía Nacional, si bien quedaron en libertad con cargos. El caso se remonta a noviembre de 2021, a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía de Córdoba inicialmente por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por posible delito de malversación de caudales públicos.

La investigación primaria se centraba en el Plan de Choque Córdoba del Ayuntamiento, suscrito el 22 de mayo de 2020, para promover la ejecución de obras, preferentemente por procedimiento simplificado o contratos menores, tanto de obras como de servicios.

En su auto de imputación en diciembre, el juez argumentaba que, aparte de "aparentes incumplimientos" de la norma administrativa en relación con la definición de contratas y "aparentes" situaciones de expedientes fraccionados, la existencia de los primeros indicios de criminalidad se sustenta en dos obras menores para la instalación de alumbrado público en la avenida de Libia. Según el juez, "para eludir la tramitación del procedimiento ordinario, la obra se habría definido por las calles que convergen en la avenida", lo que se justificó por la "necesidad de conectar a la red los tramos mediante dos unidades transformadoras".

Asimismo, el juez constataba la existencia de certificaciones de obra realizadas de forma consecutiva en un mismo día, el 30 de diciembre de 2020, pese a que el principal sospechoso estaba "de permiso". En aquellos momentos, se ha constatado que las obras "ni siquiera habían finalizado".

"Connivencias" con los empresarios

Las obras de la avenida de Libia constituyen supuestamente la punta del iceberg, de acuerdo a la investigación desarrollada posteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Córdoba, de la que el juez da cuentas. Según el magistrado, las pesquisas, aparte de corroborar las "aparentes irregularidades" en la ejecución de las obras del alumbrado público, retratan "auténticas connivencias" entre determinados empresarios y el principal sospechoso.

Esto se materializaba en la adjudicación de obras a empresas "dominadas de hecho" por las finalmente contratadas, un método con el que presuntamente se eludían "de forma clara" no solo las obligaciones de la legislación sobre transparencia y concurrencia competitiva, sino "el mandato expreso de la instrucción del Ayuntamiento".

En algunos casos, incluso, "se llega a constatar cierta relación de amistad entre el contratista seleccionado y el investigado". La investigación, de hecho, llega a determinar "la realidad de determinados pagos de gastos, en concreto estancias en establecimientos hoteleros", a favor del funcionario pero "facturados a nombre de alguna de las empresas seleccionadas para la ejecución de las obras o la prestación de servicios". La UDEF, incluso, constató la cesión del uso de una parcela durante un año, terreno que habría sido atendido por un jardinero pagado por el empresario.

Ampliación de la investigación

Tras las indagaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, el juez José Luis Rodríguez Lainz propuso abrir cuatro nuevas causas, todas ellas presuntamente cometidas en la etapa del concejal David Dorado al frente del área de Infraestructuras. Algunas tienen conexión entre sí, pero otras apuntan a corruptelas independientes con el único nexo común de sus supuestos protagonistas.

Una de las nuevas líneas de investigación extiende sospechas sobre 45 facturas del ejercicio 2022 referidas a albañilería, pintura, administración y fontanería. De acuerdo al auto judicial de diciembre, los mismo empleados municipales habrían mostrado su extrañeza por que "la mayoría de las actividades podían haberse realizado por medios propios o con el apoyo de empresas auxiliares con al que se había suscrito una contrata de gestión".

Los testigos, además, declararon no tener noticia de que se hayan llevado a cabo algunas de estas obras e, incluso, declaran que otras se realizaron con medios propios y no por terceros. En otras ocasiones, el importe de las facturas se triplica: es el caso de la poda de olivos de las Caballerizas Reales, que pasa de 1.500 a 4.500 euros.

Los trabajadores municipales, siempre de acuerdo al relato del juez, apuntan al principal acusado en el procedimiento, el funcionario que dirigía la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios y que fue nombrado por el propio Dorado. Según el magistrado, las irregularidades en la emisión de albaranes llegaron incluso a que se emitieron "sin referencia a precios de unidades de suministro o ejecución".