Educación deja fuera del convenio de Religión a 195 maestros de Córdoba

Los maestros de Religión de Infantil y Primaria dan clases en los colegios que son competencia de la Junta de Andalucía, pero dependen del Ministerio de Educación. Se trata de una situación anómala que acumula ya cuatro décadas y que provoca un agravio frente a los docentes de esta misma materia en el ciclo de Secundaria.

En Córdoba, los maestros afectados son 195, según los datos aportados por el responsable de esta materia del sindicato CSIF en Córdoba, Rafael Ruiz, quien recuerda que la transferencia de este profesorado a la Consejería de Educación es una reivindicación histórica.

A pesar de esta demanda y las promesas de los últimos años por parte de ambos gobiernos, la situación sigue igual después del acuerdo histórico entre la Consejería de Educación y los sindicatos de enseñanza CSIF, Apprece, ANPE, CCOO y UGT para establecer un convenio colectivo en el profesorado de Religión, que ha vuelto a excluir a los 195 maestros que imparten esta asignatura en los colegios de la provincia de Córdoba.

Una situación que la Administración autonómica asegura que se solucionará cuando dicho cuerpo docente se transfiera a la Junta. Siin embargo, para alcanzar este objetivo aún no se conoce fecha y ni siquiera ha trascendido que el departamento que dirige Javier Imbroda haya comenzado algún trámite con tal fin hasta el momento. No obstante, Ruiz reconoce que "existe una posibilidad que se alcance en un futuro próximo".

Pero, ¿qué supone esta situación a efectos prácticos para el profesorado? Pues, según explica el representante de CSIF, que por ejemplo los maestros de Religión de los citados ciclos tienen que dirigirse al Ministerio de Educación a la hora de pedir los sexenios, mientras que los que dependen de la Junta solo tienen que acceder al portal del docente "y los reconocen". Y es que a los maestros de Religión aún no se

les reconocen los sexenios y no pueden ocuparse de otros servicios escolares. Para hacerlo, deben ser contratados por una empresa temporal de empleo.

Otro aspecto que señala es, por ejemplo, a la hora de pedir un permiso, que también tienen que pedir ante el departamento que dirige en Madrid Pilar Alegría, lo que resta "inmediatez" en comparación con el profesorado de Secundaria.

Ruiz anota también que la transferencia de los maestros a la Consejería de Educación andaluza supondría, además, que el Ejecutivo autonómico "se haría cargo de los sueldos, por lo que debería haber una partida económica".

Y es que estos profesionales reclaman una transferencia que no acaba de materializarse. Ni se logró durante las legislaturas socialistas al frente de la Junta ni parece que vaya a ocurrir con la del PP y Cs. Una circunstancia que ha vuelto a evidenciarse con el acuerdo sobre el convenio colectivo en los profesores de Religión, que, según anunció la semana pasada la Consejería de Educación, "mejorará sus condiciones laborales".

Fue el pasado miércoles 16 de febrero cuando el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, reconoció que el texto aprobado para el convenio colectivo en el profesorado de Religión no afecta, de momento, a los maestros que imparten la asignatura en Infantil y Primaria. "El motivo es que este personal depende directamente del Ministerio de Educación", explicó el consejero, que añadió que "una vez que se produzca la transferencia de competencias de este personal a la Junta de Andalucía, se incluirá en el convenio". Se trata, no obstante, de un propósito para el que aún no existe fecha.

Pedro Fernández, del área de Educación de CSIF en Sevilla, ha sido uno de los representantes que ha participado en las negociaciones con la Junta y reconoce a el Día que aún "no se sabe la fecha" de la citada transferencia. "Se han iniciado las negociaciones y las cosas van bien, pero no dan fecha", subraya. Por ello, avanza que van a solicitar información "para saber cuándo va a ser".

A su juicio, la situación es "surrealista y un disparate porque los maestros trabajan para la Junta de Andalucía, pero la empresa a la que pertenecen es al Gobierno central". Desde las administraciones, continúa, "admiten que es una irregularidad administrativa" y recuerda que ya en 2020 desde el Parlamento andaluz "se instó a que la Junta agilizara los trámites".

A diferencia de Andalucía, en otras comunidades, como Madrid, Valencia, Extremadura o Castilla y León este cuerpo docente sí está transferido a los gobiernos autonómicos desde hace varios años.