El déficit de educadores sociales deja sin atención a zonas desfavorecidas de Córdoba

La plantilla de educadores sociales en Córdoba es insuficiente para cubrir las zonas desfavorecidas priorizadas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis). Hay cinco educadores sociales para ocho zonas en Córdoba, tal y como recuerda el portavoz del colectivo en la provincia, Manuel Ríos.

Rios comenta que las zonas que cuentan con educador social están repartidas por la capital (3), en Las Palmeras, el Distrito Sur y Las Moreras; Baena (1), que da cobertura a la barriada San Pedro, El Salvador y Ladera Sur; y Palma del Río (1), que da cobertura a la barriada V Centenario. Mientras que no cuentan con educador social las zonas desfavorecidas de Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil (para la barriada Poeta Juan Rejano y la calle Francisco de Quevedo y para la calle Bailén.

Además, tal y como destaca, en la provincia hay 46 centros de Educación Compensatoria –que llevan a cabo programas que destinan recursos específicos, materiales y humanos, a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social–. De ellos, 21 de Primaria y 25 de Secundaria, además de y 16 Equipos de Orientación Educativa. “Con la plantilla con la que contamos, en la inmensa mayoría de los equpos de orientación no existe la figura del educador social, que sería imprescindible a la hora de abordar la mejora de la convivencia del alumnado, el absentismo y el fracaso escolar o la participación de la familia en la escuela”, defiende.

El problema es común para toda Andalucía. Actualmente hay 43 educadores sociales en toda la región para atender las 99 zonas desfavorecidas, cuando en 2007 había 68 profesionales para prestar servicio a una comunidad que encabeza el ranking nacional y europeo en fracaso escolar.

El colectivo exige el aumento de la plantilla, para lo que ha registrado en la Consejería de Educación un manifiesto apoyado por colegios profesionales, universidades, sindicatos, consejos de estudiantes, confederaciones y federaciones de madres y padres, asociaciones educativas y entidades sociales exigiendo la ampliación de plazas. El colectivo recuerda que el compromiso público de la Administración fue que en el año 2012 el sistema educativo andaluz contaría unas 200 educadoras y educadores sociales. Sin embargo, "15 años después, lejos de haber aumentado el número de esa plantilla, sólo quedan 43 en toda Andalucía", lamentan.

Este perfil profesional, "muy valorado en las comunidades educativas", trabaja con el profesorado, familias, alumnado y toda la comunidad, de manera conjunta, para implementar estrategias que contribuyen a reducir el absentismo y el abandono escolar, favorecer la convivencia en los centros educativos, acompañar al alumnado especialmente vulnerable y promover la participación social y el desarrollo comunitario. Del mismo modo, los educadores sociales sirven de refuerzo a la labor tutorial, siendo un apoyo para el profesorado y los profesionales de la orientación educativa a la hora de atender las necesidades que llegan a la escuela.

El colectivo insiste en que, "a pesar de que Andalucía lidera el ranking nacional y europeo de fracaso escolar, con una tasa de incidencia del 21,8 % del total del alumnado, y de los problemas de convivencia que existen en los centros educativos, la Administración no apuesta firmemente por los profesionales que trabajan específicamente en la prevención y construcción de soluciones a estas necesidades, entre las que también se encuentra la lucha contra el acoso escolar o la desconexión educativa que está aumentando como consecuencia de la situación de emergencia social y sanitaria derivada de la pandemia".

En estos momentos, se está llevando a cabo el proceso de selección de 10 plazas de educación social para centros educativos andaluces (de la oferta de empleo público 2018) cifra que el colectivo considera, "a todas luces, insuficiente, ya que, aún con la creación de estos puestos, no se llegaría a los 68 profesionales de 2007, ni, por supuesto, se atenderán las necesidades reales del sistema educativo, que actualmente cuenta con 426 centros de Educación Compensatoria". Asimismo, recuerdan que en la recién publicada Oferta Pública de Empleo de 2020 no se ha creado ni una sola plaza más para este colectivo, "a pesar de que el Consejero de Educación anunciase en el presupuesto de 2020 una partida de 15 millones de euros para Educadores Sociales y PTIS".

Ante esta situación, el colectivo de educadores y educadoras sociales exige a la Junta de Andalucía que amplíe la plantilla "para poder ofrecer una educación pública de calidad e igualdad de oportunidades real a todo el alumnado", al tiempo que reclaman que se les tenga en cuenta a la hora de desarrollar la normativa educativa en relación con la Educación Compensatoria, la atención a la diversidad, la exclusión social, el absentismo y abandono escolar y la participación de las familias en los procesos educativos.