La Fiscalía abre diligencias por la compra de 8.000 test covid en Sadeco

Tribunales

El Ministerio Público pide al Ayuntamiento de Córdoba que aclare si realizó un estudio acerca del precio de mercado del servicio

El PSOE denunció que el Consistorio compró las pruebas "a precio excesivo, cuatro veces más de la media"

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Test Covid.
Test Covid. / El Día

La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias tras la denuncia que presentó el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad ante los juzgados el pasado mes de marzo por la compra de 8.000 test rápidos de detección del Covid-19 por Sadeco por un importe de 340.000 euros (más IVA).

Es por ello, que el Ministerio Público ha pedido al Consistorio de la capital cordobesa que remita todos los contratos firmados con la clínica Beiman. Además, el fiscal -en este caso, Carmen Romero- pide que se "oficie al Ayuntamiento de Córdoba para que por el órgano encargado de la Fiscalización e Intervención de la contratación pública se emita informe acerca de la legalidad de la contratación llevada a cabo en el expediente C20/50, denominado contrato para la realización de 8.000 test rápidos para la detección de Covid entre los trabajadores de Sadeco".

Esta no es la única petición que hace la Fiscalía al Ayuntamiento de Córdoba en este caso, puesto que también demanda saber "si se realizó estudio económico acerca del precio de mercado del servicio objeto de contrato, si en dicho expediente consta la memoria que se menciona en el informe jurídico de 31 de agosto de 2020, emitido para validar la utilización del contrato de emergencia, el cual hace referencia a dicha memoria", según consta en el escrito al que ha tenido acceso El Día.

En último lugar, el Ministerio Público pregunta al Ayuntamiento de Córdoba que "si de existir una posible conexión de la empresa adjudicataria con la empresa SMD -de servicios médicos deportivos- en dicha contratación hubo concurrencia de empresas o, por el contrario, hubiera impedido dicho requisito".

El informe del secretario

Tras la primera petición por parte del PSOE y, antes de llevar el caso a los tribunales, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, pidió al secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que emitiera un informe jurídico "sobre la adecuación a la normativa vigente del expediente de contratación tramitado, en su día, por este Ayuntamiento relativo a la adquisición de material sanitario y pruebas analíticas con destino al personal de Sadeco a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19".

En este caso, el informe de Lavela concluyó que "no se ha apreciado ni detectado ninguna irregularidad y/o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal ni por parte de autoridades ni de empleados públicos municipales, pertenecientes tanto a la entidad matriz del Ayuntamiento de Córdoba como a la empresa municipal Sadeco, en la tramitación y ejecución del expediente C20/40 referido a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para la prestación del servicio de realización de ocho mil (8.000) pruebas rápidas de detección del Covid-19 con destino a los empleados de dicha empresa municipal".

Los argumentos del PSOE

En su denuncia, el portavoz del PSOE en Capitulares, Antonio Hurtado, aseguró el pasado mes de marzo ante los medios de comunicación que, por cuestiones de economía, y teniendo en cuenta el informe comparativo del Tribunal de Cuentas, Sadeco había comprado a precio excesivo el material, a 40 euros por test, cuatro veces más de la media, por lo que pidió copia del expediente a la empresa municipal.

Una vez que hemos tenido acceso al expediente de contratación y lo hemos analizado, detectamos indicios de presuntas irregularidades, por lo que remitimos a la Fiscalía el expediente para su investigación”, ha afirmado Hurtado.

En concreto, consta en el expediente que se invitan a tres empresas: Clínicas Beiman, que es la adjudicataria y que su especialidad es la medicina deportiva, y a dos más, Jmedis del Puerto Santa María (Cádiz), que es una empresa de suministros que no una clínica, y SMD Servicios Médicos Deportivos de Sevilla, también especializada en medicina deportiva.

Hurtado ha indicado que “con las tres invitaciones que constan en el expediente nos hacemos las primeras preguntas: ¿por qué no se invitan a clínicas especializadas? ¿No hay más clínicas en Córdoba que pudieran prestar este servicios? ¿Por qué se invitan a una clínica de Sevilla y a una empresa de suministros del Puerto de Santa María?”.

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