Francisco Jurado defiende su gestión en Cajasur y niega el cobro de comisiones ilegales
El que fuese director general de la caja declara ante el juez por las acusaciones de la entidad y de la Fiscalía Anticorrupción
El ex director general de Cajasur Francisco Jurado, que prestó ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba por la querella que en su día interpuso contra él la propia entidad financiera, defendió ante el juez su inocencia y su gestión al frente de la caja. Fuentes de la representación legal de Jurado indicaron que el ex director de la caja, que presta declaración como imputado, salió satisfecho de su comparecencia, en la que negó las acusaciones y explicó su gestión al frente de la entidad financiera.
De esta forma, Jurado, que fue el último director general de CajaSur en la etapa de Miguel Castillejo, defendió que sus actuaciones como responsable de la caja de ahorros no fueron constitutivas de delito alguno. A la vista de la declaración de Jurado y de los datos y la información presentada por la defensa, las fuentes han señalado que la forma de valorar las imputaciones puede cambiar en sentido favorable.
CajaSur se querelló en febrero de 2008 contra Jurado y el empresario Rafael Gómez por sendos delitos societarios que podrían haber causado a la entidad financiera perjuicios superiores al millón de euros, unas acusaciones a las que posteriormente se sumó también la Fiscalía Anticorrupción.
La caja de ahorros cordobesa consideró que Jurado había incumplido la buena fe contractual al vulnerar la normativa interna y no había respetado los controles en la concesión de determinados créditos. La querella cuestiona dos créditos otorgados a una empresa que pretendía comprar suelo sin contar con las necesarias garantías y sostiene que el propio Jurado habría resultado beneficiado con esta operación, ya que le acusa de cobrar sendas comisiones por un importe total de 180.000 euros que, siempre según la caja, podría haber cobrado a través de una empresa que compartía con su esposa.
La querella contra Rafael Gómez hacía referencia a unos hechos que tuvieron lugar en 2004, cuando la caja compartía la propiedad inmobiliaria Arenal Sur 21 con el empresario cordobés. En su demanda, la entidad financiera aseguraba que Gómez suscribió en agosto de aquel año un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos al parecer ficticios o de imposible cumplimiento.
Por su parte, fuentes de CajaSur prefirieron no hacer valoraciones sobre la declaración de Jurado por respeto al proceso judicial abierto
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