Fuentes denuncia la firma "al margen de la ley" de dos convenios para alquilar pisos sociales

El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), ha denunciado la firma "al margen de la ley" por parte de la anterior responsable de la empresa municipal de la vivienda, Alba Doblas, y del anterior gerente de la misma, Rafael Ibáñez, de dos convenios destinados al alquiler de pisos para personas desfavorecidas cedidos por las dos entidades que los rubricaron. El primero de esos convenios se firmó con Caixabank el 28 de junio de 2018 y consistía en la cesión a Vimcorsa de 21 pisos, mientras de el segundo se rubricó con Sareb el 17 de mayo de 2019, "en la antesala de las pasadas elecciones municipales" e incluía la cesión a la sociedad municipal de otros 17 pisos, "de los que 14 estaban ocupados ilegalmente", ha apuntado.

Fuentes ha insistido en que ambos contratos "son nulos", ya que, según ha defendido, se han llevado a cabo "a espaldas de todos los mecanismos de control administrativo existentes en el Ayuntamiento y de la propia Vimcorsa y a espaldas de todos los mecanismos de decisión que tiene la propia empresa y la Junta de Gobierno Local. En ninguno de ellos hay informe de los técnicos de Vimcorsa, en ninguno de ellos hay informes de la Intervención del Ayuntamiento y en ninguno de ellos hay informes de ningún técnico municipal. Se han firmado los dos convenios al margen de la ley", ha añadido.

El presidente de la empresa municipal de la vivienda ha indicado que tanto Caixabank como Sareb se han puesto en contacto con él para reclamarle facturas pendientes, que no se han abonado; "por prudencia contable se ha hablado con ellos y no se van a abonar, porque no podemos abonar dos convenios nulos de pleno derecho". Esos pagos pendientes corresponden a los alquileres, que en el caso de los pisos de Caixabank se estipuló un alquiler de 75 euros por vivienda y en el caso de Sareb, de 125 euros.

Fuentes ha recordado que los convenios están enmarcados en un programa aprobado por el consejo de administración de Vimcorsa el 15 de septiembre de 2015 para la gestión de viviendas vacías puestas a disposición de la sociedad, "en el que se exigía, con carácter previo a la firma de cualquier convenio, una serie de trámites preceptivos, entre ellos los informes oportunos. Nada de esto se cumplió en estos casos", ha sentenciado. "La presidenta de Vimcorsa en ningún caso es representante legal del Ayuntamiento para la firma de ambos convenios", ha defendido.

El presidente de la sociedad pública ha adelantado que el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento está estudiando "los efectos legales de esas irregularidades, porque esto hay que residenciarlo en el Ayuntamiento, ya que creemos que este tipo de convenios son competencia del Ayuntamiento y no de Vimcorsa; los servicios jurídicos van a determinar si corresponde a la sociedad o al Ayuntamiento firmar estos convenios; y se va a proceder a la fiscalización correspondiente del expediente por parte de la Intervención Municipal", ha sentenciado.

Fuentes ha detallado que se le han pedido 20 días a ambas entidades para llevar a cabo la revisión de los convenios y "que esas familias, que son las realmente perjudicadas en este asunto, permanezcan en las viviendas. Estamos viendo cómo podemos regularizar la situación, porque no podemos echar a esas familias a la calle", ha puntualizado el presidente de Vimcorsa, quien ha insistido en que con respecto al asunto "tendrán que responder políticamente y jurídicamente los anteriores gestores, tanto la expresidenta como el exgerente". Finalmente, ha anunciado que "vamos a revisar toda la política de alquileres y la demagogia barata al respecto que se hizo en el anterior equipo de gobierno".

Esta denuncia de Fuentes llega tan solo unas horas después de que el portavoz municipal de IU, Pedro García, haya pedido explicaciones al alcalde, José María Bellido (PP), por "afirmar que en el mandato anterior se le dio dinero público a una organización civil con un convenio que había servido para fomentar la ocupación ilegal de viviendas". García ha insistido en que en su grupo están "muy sorprendidos por que un alcalde acuse a una organización civil de delinquir; declaraciones muy temerarias y extremadamente graves que tienen que tener unas consecuencias".

El portavoz de IU ha demandado a Bellido que "diga los nombres y apellidos de la organización civil que ha utilizado un convenio municipal para delinquir; y qué pruebas tiene para decir que se ha utilizado dinero público para que haya ocupaciones ilegales de viviendas". Para añadir que "cuando se tengan todos los datos, a ver quién termina en los juzgados, porque ante estas declaraciones alguien tiene que tener responsabilidades".

Mientras, la edil de IU Amparo Pernichi ha defendido que "todos los convenios que se han firmado en el Ayuntamiento tenían el visto bueno de los técnicos, de la asesoría jurídica y de Intervención, con lo que la acusación no es solo por el colectivo social, que no cita, sino contra todos los técnicos".