Garzón pide al Consistorio datos de los desaparecidos en la Guerra Civil

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio ayer el primer paso para elaborar un gran censo nacional de desaparecidos a partir del comienzo de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936. En una providencia pide a la alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba, Rosa Aguilar, que elabore un listado y aporte datos sobre los desaparecidos durante el conflicto y el franquismo que fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael. En concreto, Garzón requiere al Consistorio para que informe sobre "las circunstancias en las que ocurrieron los enterramientos, la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público". Además, Garzón ha solicitado estos mismos datos a otras instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la universidad de esta última ciudad.

Garzón ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones para la memoria histórica de Navarra, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria) presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Dichos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, sacas, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En la providencia del juez Garzón, hecha pública ayer, requiere a la Conferencia Episcopal Española que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso de la Policía Judicial para que identifique, a través de los libros de difuntos de los que dispongan, a posibles víctimas desaparecidas a partir del denominado alzamiento nacional y que derivó en la Guerra Civil y, a partir de 1939, en 40 años de dictadura del general Francisco Franco.

También se dirige a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que proporcionen la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento". Del mismo modo, pide a los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, así como al rector de la universidad de esta última ciudad, el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes. Además, Garzón solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Asimismo, reclama a Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a partir de 1936. Por último, requiere información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica y pide a una de las partes personadas en el proceso que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución como en su resultado.