Garzón pide que se detallen la fecha y las circunstancias de todas las desapariciones

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, recibió en la mañana de ayer la solicitud del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que se le exige al Ayuntamiento que facilite todo la información que tenga sobre las personas que fueron enterradas en las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y de San Rafael durante la Guerra Civil y la represión posterior, una solicitud muy polémica que también se ha realizado a otros ayuntamientos españoles y a otras instituciones y que se filtró el pasado lunes a los medios de comunicación. La llegada del documento oficial permitió conocer sin embargo los detalles concretos que reclama el magistrado y que se refieren no sólo al nombre de los fallecidos y al lugar en el que se suponen que fueron enterrados, sino que van mucho más allá.

En concreto, y según un comunicado emitido ayer por el Consistorio, Garzón requiere en las diligencias previas abiertas otros datos que van desde el lugar del nacimiento de los enterrados hasta su filiación o su lugar de residencia. A ello se une la solicitud de que se aclaren en lo posible las circunstancias en las que aconteció cada una de las muertes y que se informe sobre si las mismas constan anotadas en algún registro público. Asimismo, la solicitud remarca que necesita la información que se tenga desde el 17 de julio de 1936 y no desde el día 18, fecha que la historia ha fijado como el del comienzo oficial del conflicto bélico.

La amplia cantidad de datos que reclama el juez unida al amplio número de personas que desaparecieron y fueron enterradas de forma anónima a partir del año 36 -un último estudio de Francisco Moreno Gómez las sitúa por encima de las 7.000- hace pensar que el Consistorio tendrá que emprender ahora un trabajo ingente que requerirá de esfuerzos y de personal capacitado para realizar las pesquisas. Pese a todo, la propia alcaldesa mostró su "total disposición" a colaborar y facilitar toda la información "que esté recogida en documentos y archivos municipales" y avanzó que ya ha enviado esta misma solicitud a todos los servicios del Consistorio para que analizan si pueden colaborar de alguna forma .

De todos modos, las palabras de la alcaldesa también dejan entrever que la petición del juez Garzón, en caso de atenderse en toda a su amplitud, supondría un trabajo ímprobo y por eso señala que la respuesta del Consistorio se realizará "en la medida de nuestras posibilidades y hasta donde tengamos, conozcamos y sepamos". Por último, la regidora hizo ayer hincapié, como ya hiciera el martes, en el que el Ayuntamiento ya está realizando una investigación sobre este tema y tiene algún material avanzado al respecto y ha pedido para ello hace algún tiempo una subvención económica a la Junta de Andalucía.