IU Córdoba exige a Urbanismo los informes que avalan la instalación de una carpa en la huerta de Caballerizas Reales

El grupo municipal y la dirección de Izquierda Unida Córdoba han vuelto a denunciar el “oscurantismo y la falta de transparencia” del gobierno “más caro de la historia”, una vez que IU haya pedido, el pasado 19 de agosto mediante un escrito, a la Gerencia Municipal de Urbanismo los informes correspondientes y necesarios para instalación de una carpa de grandes dimensiones en la huerta de Caballerizas Reales, así como el objeto y los usos previstos para la misma.

Pues bien, añaden desde IU, “va camino de dos meses y seguimos sin tener respuesta”, por lo que se han preguntado “qué teme el presidente de la Gerencia de Urbanismo y el equipo de gobierno para que no se nos entregue dicha documentación”.

"¿Existen los informes?, ¿se ha seguido el procedimiento establecido para su instalación?, ¿cuánto tiempo permanecerá?, ¿cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía?", son algunas de las preguntas que se hacen desde IU y aseguran que “quieren pensar que sí, pero esta demora nos lleva a pensar lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta el modus operandi de este equipo de gobierno”.

Desgraciadamente, continúan desde IU, este petición de información se suma “a más de una veintena de expedientes a los que hemos pedido acceso y, de momento, siguen sin ofrecernos ese derecho que tenemos la oposición, sobre todo para que la ciudadanía sepa en qué y cómo está gastando el equipo de gobierno el dinero que viene de sus impuestos” y han expresado que "lo único que ha hecho hasta ahora por la ciudad ha sido situarla en el mapa de la corrupción nacional”.

Cabe recordar que en esa lista de peticiones, destacan la Normal de Magisterio, “que lleva tres años cerrada para el público a pesar de que este equipo de gobierno recepcionó la obra a finales de 2019", el espectáculo nocturno del Alcázar, que también lleva Córdoba “tres años sin poder contar con este recurso turístico fundamental para las pernoctaciones", el contrato de las mascarillas, así como el edificio de Cepes, situado en un terreno de dominio público y “concedido en un procedimiento exprés y sin publicar el Pliego de condiciones técnicas, elemento esencial de la concesión”.