La Junta de Andalucía recupera en Córdoba ocho inmuebles vendidos en 2014

La Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo por valor de 328 millones de euros para recomprar a la empresa WP Carey 70 inmuebles en Andalucía que pertenecían a la Junta y que fueron vendidos en 2014, lo que supondrá un ahorro de más de 100 millones a las arcas públicas, más los alquileres que habría que pagar desde el año 2034 en adelante. En Córdoba, recompra ocho sedes en las que trabajan 1.512 empleados públicos.

Así, sólo este año se han pagado 35,6 millones por el alquiler de estos edificios por lo que “al no tener que pagar ya esta cantidad, este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces, ya que ello va a suponer incrementar las partidas presupuestarias autofinanciadas y así poder disponer de más recursos en los ámbitos donde más falta hacen como son la Educación, la Sanidad, la Dependencia o servicios sociales. Esos 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de mil docentes o a lo que cuesta construir diez colegios", ha asegurado el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina.

Acompañado por el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Agustín López, Molina ha recordado que cuando este Gobierno llegó en 2019 a la Junta de Andalucía se encontró con "desorden" en muchos aspectos de la gestión diaria, siendo uno de ellos el de la gestión del patrimonio inmobiliario público.

Dada esta situación, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz acordó elaborar un Plan Estratégico de Sedes Administrativas con el que se perseguían dos objetivos como el de reducir el pago de alquileres, ya que, según ha apostillado, "se están pagando casi 60 millones cada año", y racionalizar su uso en beneficio de los empleados que trabajan en esos edificios, de los usuarios que acuden a diario a ellos y de todos los andaluces.

En relación con este asunto, ha mencionado que, en 2014, siendo consejera de Hacienda y, por tanto, responsable del patrimonio de la Junta, la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, la Junta vendió a la empresa Inversiones Holmes por 300 millones un total de 70 edificios en los que trabajan más de 8.600 empleados públicos. Un acuerdo que, según ha puntualizado, "tenía una contrapartida absolutamente lesiva con los intereses de la Administración autonómica".

Molina ha informado de que con él se obligaba a la Junta a alquilar esos edificios a los nuevos propietarios de los que habían sido sus inmuebles por un periodo de 20 años a través de lo que se conoce como Sale and Lease back: venta con arriendo posterior.

"El dinero se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces. Solo este año, hemos pagado 35,6 millones por el alquiler de estos 70 edificios. Un precio que se va revalorizando cada año según el IPC". De esta forma, ha matizado que, en 2014, el precio de renta anual se acordó en 23,6 millones, más el 21% de IVA, y ha especificado que el primer año se pagaron 28,5 millones y hoy nueve años después, se está pagando una renta que es siete millones superior. "El IPC desde 2014 ha subido en Andalucía un 21,4%, pero el precio del alquiler de los edificios ha aumentado un 25%".

El delegado del Gobierno en Córdoba ha asegurado que el contrato de alquiler tenía una "cláusula suelo" que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5% y ha recalcado que en la década que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra más alta, es decir, la del IPC.

Respecto a esto, ha afirmado que aquella operación de 2014 fue en su día comentada y que hasta la Cámara de Cuentas denunció sus perjuicios, ya que "los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión".

Molina ha incidido en que con este acuerdo se pone fin a esta situación, ya que ha añadido que hasta 2034, año en el que expiraría el contrato inicial, la Junta habría pagado por los alquileres unos 708 millones en concepto de renta, casi dos veces y media lo recibido, y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones cada año.

"Hasta final de 2023, se habrán abonado unos 279 millones y de aquí a 2034 se tendría que seguir abonando un coste estimado de 430 millones, más los gastos de conservación y reparación. Además, pasados los 20 años del contrato, se debía buscar nuevo sitio para los 8.600 empleados de dichas sedes, o volver a negociar con la propiedad nuevos alquileres", ha subrayado.

En Córdoba

En Córdoba son ocho los edificios que fueron vendidos al fondo de inversión y que ahora la Junta de Andalucía ha recomprado. El número de empleados públicos ubicados en estos ocho inmuebles es de 1.512, es decir, el 62,27% del total de los que actualmente prestan sus servicios en Córdoba capital.

Sólo por el edificio de Servicios Múltiples de la calle Tomás de Aquino (sede de las Delegaciones Territoriales de Educación, Justicia, Agricultura, Medio Ambiente y Fomento), la administración autonómica ha pagado anualmente desde 2014 un total de 2 millones de euros. Es decir, 168.223,54 euros cada mes. Esta es la cifra más elevada de los alquileres de edificios que la Junta de Andalucía ha tenido que asumir en la provincia de Córdoba.

Otros ejemplos de edificios que se encuentran en esta situación son:

• Sede de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, ubicado en la Avenida República Argentina, con un coste de 636.456 euros anuales.
• Sede de la Delegación Territorial de Economía y Hacienda, en la calle Gondomar, con un coste anual de 558.858 euros.
• La Delegación del Gobierno, en la calle San Felipe, cuyo importe anual por el alquiler del edificio alcanza los 311.855 euros.
• El edificio que hoy ocupa la Delegación Territorial de Empleo, en la calle Manríquez, con un precio anual de 202.628 euros.
• La sede de la Delegación Territorial de Inclusión Social, en la Plaza Ramón y Cajal, cuyo alquiler supone un desembolso de 149.382 euros anuales
• El edificio que actualmente ocupa el Instituto Andaluz de la Juventud, en la calle Adarve, por 125.468 euros
• La actual sede de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la calle Carbonell y Morand, por 77.664 euros al año.

En total, el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía condenó a los cordobeses a pagar más de 4 millones de euros al año (4.080.997) hasta el 1 de enero de 2035 por alquilar lo que un día fue de su propiedad.

Córdoba fue la tercera ciudad, sólo por detrás de Sevilla y Huelva, en cuanto al número de edificios en venta en una operación que el anterior Gobierno inició en 2010 y que le permitió conseguir 300 millones de euros -aunque un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía concluyó que la Junta de Andalucía generó una pérdida de 77 millones de euros en la operación-.