La Junta refuerza la coordinación entre el SAVA y el IAM para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, y la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosario Alarcón, han informado sobre el protocolo de coordinación del IAM y la Consejería de Justicia para las víctimas de violencia de género, que refuerza la colaboración entre el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) y el IAM.

Este protocolo, según la Junta, constituye un instrumento para reforzar la asistencia a las víctimas de violencia de género. El documento, dirigido al personal implicado en el apoyo a las víctimas, ha sido elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del IAM, con la colaboración de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La delegada de Justicia ha informado de que el objetivo es "acompañar, apoyar y ofrecer la mejor atención a la víctima", a la vez que ha añadido que va a permitir "organizar y coordinar el trabajo del SAVA y el IAM para que sea homogéneo en todas las provincias y sirva de referencia a los profesionales".

El documento cuenta con once epígrafes y 120 páginas que incluyen un modelo de intervención y una propuesta de coordinación, así como una entrevista de valoración del estado psicosocial de la mujer víctima de violencia de género en la Administración de Justicia y una ficha de recogida de datos y de derivación, entre otros elementos.

Con frecuencia, las víctimas de delitos, en este caso de violencia machista, desconocen el funcionamiento del sistema judicial en el que se introducen cuando se inicia un procedimiento. Dichas circunstancias, junto a la unión o el vínculo que en ocasiones siguen manteniendo con sus agresores, pueden determinar las respuestas y actitudes que presentan las víctimas y que puede repercutir en sus declaraciones, llegando a darse situaciones de bloqueo, confusión, desbordamiento, incomprensión, motivando ello incluso desistir de dar continuidad al procedimiento judicial.

Con este protocolo, a partir de ahora, el IAM y el SAVA coordinarán el flujo de comunicación e información sobre la víctima. Por todo ello, el Gobierno andaluz considera necesario prestar atención a los posibles itinerarios que una mujer víctima de violencia de género debe afrontar a su paso por el sistema judicial, adecuándose a sus necesidades y características.

Así, con este protocolo se busca fortalecer la coordinación entre los diferentes servicios y recursos especializados en la atención a las víctimas de violencia de género, en concreto, de los servicios prestados por el Instituto Andaluz de la Mujer, así como de los vinculados a la Administración de Justicia.

Además, es una guía práctica, operativa y formativa, creando mecanismos fluidos de comunicación entre todos los agentes implicados y, al mismo tiempo, dar a conocer los recursos existentes y favorecer el trabajo en red. El protocolo establece que para llevar a cabo dicha coordinación es fundamental contar con una figura de referencia para la víctima, que haga de enlace entre el personal participante en su proceso, tanto si la denuncia llega a judicializarse como si no, de modo que se facilite el asesoramiento y orientación acerca del sistema judicial y de la red de recursos asistenciales especializados en violencia de género.

Asimismo, en función de la urgencia y riesgo para las víctimas, se diseñará un Plan de Asistencia Individualizada que posibilite a las víctimas salir de la situación de violencia.

El protocolo está dirigido al personal del IAM y de la Administración de Justicia con la finalidad de reforzar la atención de las víctimas de violencia de género, a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, a mujeres de avanzada edad que sufren violencia de género, a víctimas de violencia de género con personas dependientes a su cargo, a víctimas de maltrato con discapacidad, a víctimas de trata de seres humanos y a víctimas de violencia sexual.

Con este nuevo instrumento, la Junta continúa dando pasos hacia una Andalucía libre de violencias machistas, apostando por reforzar y mejorar la respuesta institucional para la atención integral a las víctimas de violencia de género.

Como ha señalado la delegada de Justicia, para el Gobierno de Juanma Moreno la lucha contra la violencia de género es una "prioridad, tiene carácter transversal y afecta a diferentes consejerías, de ahí que nazca este protocolo para poner a disposición de las víctimas todos los recursos sociales y judiciales de los que dispone tanto el IAM como la consejería de justicia y se puedan coordinarlos para que sean más efectivos y eficientes".

Asistencia a víctimas

El SAVA es un servicio de carácter público, de ámbito andaluz, universal y gratuito, coordinado por la Consejería de Justicia, Administración local y Función Pública. Su función es informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de cualquier delito durante todo el procedimiento judicial, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria. La mayor parte de las víctimas que atienden son mujeres y de ellas, gran parte son víctimas vulnerables como víctimas de violencia de género, abusos y agresiones sexuales o menores. La delegada de Justicia ha explicado que en Córdoba, en 2022, se atendieron a 2.427 personas usuarias, de las que 2.075 eran mujeres.

En Córdoba, el equipo está integrado por siete profesionales, ubicados en la Ciudad de la Justicia y existe también un equipo itinerante que se traslada mensualmente por las sedes de los partidos judiciales. En el caso de Posadas, ha habido ocho asistencias mensuales y en Montilla, seis, los que cuentan con más asistencias. Dado que la mayoría de las víctimas que atiende el SAVA son víctimas de violencia de género, estos equipos están especializado en este tipo de atención.

Dado la peculiaridad de este delito, cometido por una persona con la que se tiene o ha tenido una relación sentimental, la víctima requiere de una atención específica y muy especializada. Los SAVA están ubicados en las sedes judiciales y trabajan en coordinación con la Fiscalía, especialmente con los fiscales encargados de víctimas. Igualmente, se coordinan con otros servicios judiciales como las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género (Uvivg) que dependen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), ya que son los que realizan los informes forenses y psiquiátricos de las víctimas y agresores.

Puntos de Encuentro Familiar

También trabajan con los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), donde los juzgados derivan aquellos casos de familias con alta conflictividad para llevar a cabo y ejecutar los regímenes de visitas y estancias de los menores con los progenitores y familiares.

En Córdoba existen tres, ubicados en la capital, Posadas y Lucena. Por último, mantienen interlocución con los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

El Gobierno andaluz ha destinado los fondos del Pacto de Estado a dotar a las Salas Gesell, que permiten realizar la llamada prueba preconstituida y evitan la doble victimización, es decir, se graba la declaración de la víctima vulnerable en una sala amigable, sin que vea a las partes del proceso gracias a un cristal con efecto espejo, y ya no es necesario que vuelva a declarar.

Córdoba dispone de tres salas Gesell, en la capital, Puente Genil y Peñarroya, y se ha puesto en marcha un protocolo para mejorar su uso, de manera que Puente Genil da cobertura a los partidos judiciales de la zona sur, Córdoba capital a Posadas, Montoro y Baena y Peñarroya-Pueblonuevo, a Pozoblanco.