La Junta incentiva la firma de 11.617 contratos a personas con discapacidad en Córdoba desde 2019
Inclusión
El 14% de los participantes en las actuaciones de orientación e inserción laboral el año pasado en la provincia fueron personas con discapacidad
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Un total de 11.617 contratos a personas con discapacidad se han firmado en la provincia de Córdoba desde 2019 gracias a los incentivos de la Junta de Andalucía, que en la provincia suman 44 millones de euros en los últimos cinco años.
El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha mantenido un encuentro con las delegadas territoriales de Empleo e Inclusión Social, María Dolores Gálvez y Dolores Sánchez, para abordar las políticas que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en la provincia de Córdoba para favorecer la contratación de las personas con discapacidad.
“En Andalucía avanzamos para hacer posible que quien quiera trabajar pueda hacerlo con plena igualdad”, ha afirmado Adolfo Molina, quien ha destacado que el 14% de los participantes en las actuaciones de orientación e inserción laboral el año pasado en Córdoba fueron personas con discapacidad (2.269 personas de los 15.817 participantes).
Dentro de las Políticas Activas de Empleo, los Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIs) y el Acompañamiento a la Inserción o las Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) son los principales programas que se desarrollan para mejorar la empleabilidad de las personas en paro.
Durante el año 2023 se iniciaron en Córdoba 14.573 IPIs, de los cuales 1.526 correspondieron a personas con discapacidad. Desde los IPIs, se derivaron en la provincia un total de 775 personas al Programa de Acompañamiento a la Inserción. En este caso, las personas con discapacidad han representado el 80% (625), aumentando su participación con respecto al año anterior en un 47%.
La personas beneficiarias de este programa fueron apoyadas intensivamente en las tareas relativas a su candidatura en las ofertas de empleo y durante las etapas iniciales de su incorporación a un puesto de trabajo (los seis primeros meses).
En 2023, las personas beneficiarias del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), ascendieron a 511, de los que el 23% fueron personas con discapacidad que realizaron prácticas en empresas con tutorías que les acercaron al mundo laboral, proporcionándoles el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que aspiraban. La participación de este colectivo en este programa aumentó un 162%.
II Plan de Empleo 2024/28
A las políticas activas de empleo ya en marcha se suma la formulación del II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad de Andalucía 2024/28, una nueva planificación estratégica que persigue la inclusión laboral de este colectivo mejorando, promoviendo y facilitando su acceso y su permanencia en el mercado de trabajo a través de las competencias y los recursos disponibles de la red Junta de Andalucía.
En este sentido, este plan promoverá la inserción laboral, corrigiendo la desigualdad de oportunidades laborales de las personas con discapacidad, apoyando su participación en el mercado de trabajo y promoviendo el empleo de calidad.
La coordinación del II Plan corresponderá a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del Servicio Andaluz de Empleo, que será el encargado de elaborar un documento base del citado documento. Para ello, contará con dos comités: uno directivo, compuesto por representantes de los centros directivos con competencias en el plan y de las entidades representantes de personas con discapacidad, agentes sociales y económicos, así como de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; y otro técnico, que contará además con el asesoramiento del Área de Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Concluida la redacción del documento inicial, el Servicio Andaluz de Empleo elaborará una primera propuesta de Plan que someterá a la consideración del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía antes de su final aprobación en el seno del Consejo de Gobierno, tras haber sido sometido a información pública.
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