La Junta propone al Ministerio un nuevo Juzgado de lo Social para Córdoba

El Ministerio de Justicia aprobó el pasado mes de mayo un plan de choque que, entre otras medidas, incluye la creación de juzgados que se harán cargo temporalmente de los asuntos (fundamentalmente procedimientos concursales y sus derivados) consecuencia de la covid-19. A la comunidad andaluza le corresponden varios de esos órganos y para determinar el lugar en el que habilitarlos se le pidió a la Junta de Andalucía un informe. Esta lo ha elaborado junto al TSJA y ha propuesto la creación de cuatro órganos: el Mercantil 2 de Cádiz y el de Granada y lo Social 4 de Huelva y 5 de Córdoba.

Esa propuesta ha sido remitida al Ministerio, que será quien dé el visto bueno definitivo o no a la creación de esos órganos. Fuentes autonómicas apuntan a la premura de tiempo para su creación: los juzgados tendrán que estar en marcha a 1 de octubre y para ello deben disponer de espacio rápidamente y habrá que habilitar un procedimiento de contratación de urgencia. Se trata, señalan, de habilitar un juzgado en dos meses, algo que también se ha tenido en cuenta.

En el caso de Córdoba, este nuevo Juzgado de los Social se justifica por la carga de trabajo que arrastran los cuatro que están en funcionamiento, sobre todo tras la crisis del covid-19. Como ya avanzó el Día, el titular del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba, Antonio Jesús Rodríguez, analizó el estado de su jurisdicción, así como todo lo que se presenta por delante, carencias incluidas. Los juzgados de lo Social se enfrentan ahora a un triple reto: sacar lo suspendido, seguir celebrando lo ya programado y asumir lo que entre. "Y ello con recursos a tramitar, demandas por admitir y escritos sin proveer", añadió.

"Cómo veis, jueces y funcionarios hemos hecho lo que hemos podido. Lo que no se ha podido hacer, no ha sido por falta de recursos humanos, lo que faltan son recursos técnicos", lamentó Rodríguez, quien pidió además inversión en tecnología.

Pero ya antes de la pandemia, el atasco que sufren los Juzgados de lo Social de Córdoba ha provocado que los señalamientos se estén dando a dos años vista. Esto significa que los conflictos por temas laborales, que constituyen el grueso de estos juzgados, se dilaten hasta 2021 y, en el peor de los casos, hasta 2022.

De esta forma, puede darse el caso de que un trabajador denuncie a la empresa en la que trabaja por no pagarle la nómina y no encuentre solución a corto ni medio plazo a su problema debido al retraso que hay en estos órganos judiciales.

Acabar con ese atasco es el objetivo de este plan de choque propuesto por el Ministerio de Justicia y que en el caso del nuevo juzgado cordobés cuenta con el aval de la Junta y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Antonio Jesús Rodríguez ya expuso hace unos meses que “hemos visto cómo los Juzgados de lo Social se refuerzan en otras provincias como Málaga, Sevilla y Almería y cómo se aumentan los juzgados de otras jurisdicciones como la Primera Instancia, Penal o la Audiencia Provincial, mientras que la última vez que se aumentaron los de lo Social de Córdoba fue hace más de 20 años”. Es decir, “todos han aumentado por necesidad, menos los de lo Social, que parecen la hermanita pobre” tanto en Andalucía en general como en Córdoba en comparación con otras jurisdicciones.