La Junta pagará un canon anual por sus dos nuevas sedes institucionales

La Junta de Andalucía optará por el método alemán o sistema de pago diferido en inversiones públicas para desarrollar sus dos grandes proyectos en materia de equipamientos propios durante el año 2009, previstos en los presupuestos autonómicos pero sin partidas económicas específicas. La Torre de Poniente, a realizar en Noreña, y la Ciudad de la Justicia, tan demandada por la comunidad judicial, saldrán a licitación mediante un sistema en el que una empresa privada adelantará toda la inversión y percibirá para restituir sus cuentas de resultados un canon anual -algo parecido a un alquiler- durante un periodo de tiempo determinado hasta que la construcción pueda considerarse como una inversión económicamente sostenible.

Inicialmente, la versión que extendió la Consejería de Economía, de la que depende la Dirección General de Patrimonio, fue que el desarrollo de la obra se realizaría a través de un sistema de concesión de obra pública, mediante en el que la construcción de los edificios por parte de la iniciativa privada tiene un retorno por la gestión mercantil de determinadas zonas del edificio, como los aparcamientos.

Este proceso, que podría ser factible en parte para la Torre de Poniente, dada la gran amplitud de su estacionamiento, no es viable en la Ciudad de la Justicia. Las fuentes consultadas explicaron que el edificio que reunirá a todas las sedes judiciales de la ciudad, y que se levantará en un a parcela municipal cercana a Arroyo del Moro, se ha considerado como edificio de seguridad máxima. Ello implica que por razones ligadas a la vigilancia del complejo no sea posible ni siquiera de partida la explotación pública del parking para evitar la entrada incontrolada en los bajos del edificio. En el caso de la Torre de Noreña, la gestión del parking o de determinados locales puede servir para aminorar el canon anual a satisfacer por parte de la administración pero sería muy extraño que lo redujese a cero euros.

Los pliegos de condiciones que se están elaborando para ambas actuaciones parten de la base de que la Junta tendrá que realizar una aportación anual. En realidad, la cantidad final dependerá del proceso de licitación definitivo que se lleve a cabo, de la capacidad de realizar el proyecto por el menor coste posible y de la viabilidad de realizar un negocio mediante el cobro de los espacios, como si fuese un alquiler, mediante un periodo de tiempo determinado para que llegue a ser un negocio. La diferencia con el alquiler es relevante. En este tipo de procesos, la propiedad del edificio sigue siendo de la administración convocante con la salvedad de que es necesario acudir a un rescate si se quiere liberar del proceso de pago de un canon.

El vicepresidente segundo de la Junta, José Antonio Griñán, apostó por este sistema como una fórmula para no derivar dinero de los presupuestos autonómicos hacia la construcción de sedes institucionales de alto presupuesto. En la presentación de los presupuestos de 2009, Griñán dijo que se utilizarían "fórmulas extrapresupuestarias" en casos de este tipo, aunque comentó que se podría extender el sistema a otro tipo de inversiones, como las que realiza la Consejería de Obras Públicas. No obstante, el vicepresidente aclaró que el Gobierno andaluz no era partidario de "poner peajes", una fórmula usada por algunas autonomías y por el Estado para las autopistas.