La Junta recurre el fallo que obliga a admitir a una niña en Teresianas

La Junta recurrirá la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 que obligó a la Delegación de Educación a conceder una plaza a una niña en primero de Primaria en el colegio Bética-Mudarra -Teresianas-, después de que la misma Administración la negara al considerar correcta la investigación de un detective privado sobre el domicilio de la menor. La responsable del ramo, Antonia Reyes, indicó ayer a El Día que se recurrirá el fallo, si bien insistió en que se trata "de un caso particular".

Educación tiene que presentar ahora un recurso ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con el que intentará desmontar la sentencia, que además pone en duda el sistema de control que lleva a cabo la Junta durante el proceso de escolarización. Prueba de ello es que en la sentencia el juez considera que "no resulta admisible que la Administración, en un proceso reglado, simplemente no se lo crea y presuma el fraude sin desplegar la más mínima actividad de comprobación". No obstante y, según ya dijo el abogado de la familia, Tomás Moyano, "la Junta tiene difícil ganar el pleito" debido a que la sentencia da validez al certificado catastral del Ayuntamiento.

El problema surgió cuando la pequeña concluyó la etapa en Educación Infantil y debía pasar a Primaria en el curso 2007-2008. Los padres presentaron su solicitud en el centro y acreditaron que vivían en la zona de la Sierra, con lo que contaban con 10 puntos. Sin embargo, algunas familias sospecharon de un posible fraude en el certificado de residencia y contrataron a un detective privado, que concluyó que la familia no residía en la dirección indicada. El investigador aportó datos como que el nombre de la familia no aparecía en el buzón y que algunos vecinos aseguraban que en aquel edificio no vivía ninguna niña pequeña. La Delegación, sin hacer comprobación alguna, considero válidas las conclusiones del detective y retiró los puntos a la familia, lo que provocó que la niña se quedara sin plaza. Los padres de la pequeña denunciaron los hechos por la vía de lo contencioso y el juez les dio la razón dictando una orden cautelar que obligaba a la Junta a matricular a la niña. La sentencia posterior ratifica esta tesis.

Éste no es el único caso al que se enfrenta Educación este curso. Tal y como publicó ayer este diario, la Justicia también ha obligado a la Delegación de Educación a escolarizar a otro niño sin plaza en el colegio Cervantes, de carácter concertado, gracias a una medida cautelar. Al respecto, la delegada e Educación consideró que "no es cuestión firme y esperaremos a que se resuelva". Reyes aseguró también que "tenemos que respetar y acatar la decisión de los Tribunales", si bien matizó que "en otras ocasiones han fallado a nuestro favor".