Un Juzgado paraliza la licencia del tanatorio previsto por el Ayuntamiento de Córdoba para San Rafael

Municipal

La presidenta de Cecosam insiste en que los servicios jurídicos del Consistorio estudian si se recurre el auto ante el TSJA

Protesta de los trabajadores de Tanatorios de Córdoba contra el proyecto de Cecosam. / Juan Ayala
F. J. Cantador

29 de enero 2019 - 13:37

Otro capítulo más en el caso del controvertido tanatorio que la empresa municipal de cementerios, Cecosam, proyecta levantar en el camposanto de San Rafael. El Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha decidido suspender cautelarmente la licencia concedida por Urbanismo a Cecosam para la construcción del mismo. Tras la suspensión, el Consistorio y/o Cecosam tienen ahora 15 días de plazo para recurrir la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El proyecto de construcción de lo que Cecosam llamó en su día “salas velatorio” en el cementerio de San Rafael ha estado rodeado de polémica desde el momento en el que salió a la luz. La empresa Tanatorios de Córdoba considera que el proyecto municipal es competencia desleal desde lo público, y sus empleados, viendo peligrar sus puestos de trabajo, iniciaron movilizaciones que llevaron incluso al Pleno municipal con protestas que provocaron mes tras mes que la alcaldesa tuviera que desalojarlos.

El auto judicial llega después de que Tanatorios de Córdoba interpusiera un recurso contencioso-administrativo demandando esa suspensión cautelar de la licencia de obra y actividad concedida a Cecosam. Tal y como recoge el auto, Tanatorios de Córdoba planteaba que “la entidad del proyecto de financiación, por 1,8 millones de euros, obliga a considerar que una hipotética sentencia favorable generaría perjuicios a las arcas municipales de importancia en cualidad a la necesidad de demolición y que la actuación privilegiada en la que se ve la adjudicataria de la licencia, implica que la no suspensión del acto administratrivo provoca efectos irreparables en algún caso colateral con la obligada reducción de plantilla para Tanatorios de Córdoba”.

La empresa incide asimismo en que con lo que Cecosam llama “salas velatorio” se llevaría a cabo una infracción urbanística, al tratarse de la construcción de un tanatorio dentro del suelo urbano consolidado en el que se encuentra el cementerio de San Rafael. Para que sea efectiva la suspensión cautelar de la licencia de obras y actividad concedida a Cecosam, Tanatorios de Córdoba deberá aportar un aval de 12.000 euros.

Tras conocer el auto, la presidenta de Cecosam, María del Mar Téllez, ha manifestado que “lo aceptamos, lógicamente; si bien nos hubiese gustado poder comenzar ya unas instalaciones que mejoran el servicio que se presta a la ciudadanía”. “Esperemos que el juicio y la sentencia sean lo antes posible”, ha insistido la presidenta de Cecosam, antes de indicar que van a encargar a los servicios jurídicos que estudien el auto judicial. “Nuestro deseo es que se resuelva pronto para poder comenzar a construir”, ha subrayado Téllez.

Por último, María del Mar Téllez, ha indicado que, como recoge el propio auto judicial, “las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso, pero en ningún momento se hace un enjuiciamiento sobre el fondo del asunto”. Así, considera que “en ningún momento entra en el fondo del asunto, en valorar o no la legalidad de la licencia, simplemente dicta medidas cautelares por motivos de prudencia”.

Mientras, el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha apuntado que la suspensión cautelar es un “revés y un varapalo absoluto a las pretensiones del gobierno local, que ahora debería empezar a dar muchas explicaciones”. Fuentes ha señalado que ahora la alcaldesa, Isabel Ambrosio, “debe explicar las prisas, trompicones y el interés oculto en un proyecto sin consenso ni futuro; que el juez suspende cautelarmente por el daño que podía causar al empleo y la competencia”. Así, ha recordado que el Grupo Popular ya advirtió de que “la concesión de la licencia por decreto y sin informes pertinentes suponía un atropello”.

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