Manuel Torralbo: "En ningún momento he sido negligente, todo lo contrario, he estado implicado en la gestión de las subvenciones pendientes"

"No puede afirmarse que tuviera un conocimiento de estas actuaciones precedentes a mi toma de posesión ni consta en el expediente el mínimo indicio de la existencia de un descuido inexcusable de mi parte". Es la declaración que ha hecho el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo después de que el Tribunal de Cuentas le haya condenado al pago de una multa de más de 26.500 euros por no reclamar el reintegro de una subvención en la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).

Recién llegado de un viaje institucional en Honduras, Torralbo ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar los hechos, que ocurrieron antes de que tomara posesión como secretario general de Universidades, cargo que ocupó entre los años 2015 y 2019. En su defensa, ha insistido en que mientras permaneció en este puesto "en ningún momento he sido negligente, todo lo contrario, he estado implicado en la gestión de las subvenciones pendientes".

Además, ha reiterado que interpondrá recurso de apelación ante la propia Sala del Tribunal de Cuentas y, en el supuesto de ser necesario, recurso de casación ante el Tribuna Supremo".

"Los hechos a los que hace referencia la citada sentencia son relativos a un proceso meramente administrativo circunscritos al tiempo que desempeñé el cargo de secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la entonces Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía", ha recordado.

Este pronunciamiento, ha continuado, "se circunscribe a un procedimiento meramente administrativo, que afecta al periodo en el que fui secretario". "Hablamos de un procedimiento sobre una responsabilidad administrativa que nada tiene que ver con la Universidad de Córdoba. En ningún caso, obre desviación de fondos o presuntas conductas delictivas. En este procedimiento a nadie se le imputa haberse lucrado con fondos públicos".

Cronología de los hechos

La subvención objeto de la demanda se concedió el 7 de mayo de 2008 por más de 1,8 millones de euros. El plazo de justificación de esta concluyó el 14 de enero de 2013, dos años y medio antes del nombramiento de Torralbo como secretario general de Universidades, que fue el 14 de julio de 2015. "A este incidente es precisamente, al que se refiere el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía que ha dado lugar al ejercicio del procedimiento por responsabilidad contable", ha detallado.

Uno de los aspectos que ha recordado es que en el mismo queda acreditado que no ocupaba el cargo de secretario general el 28 de marzo, fecha en el que se inició el plazo de prescripción de la citada ayuda.

En esta línea, ha señalado que tras su toma de posesión "16 meses después de que comenzara el cómputo de los cuatro años de prescripción y en el traspaso de poderes entre las consejerías, no recibí notificación alguna de los expedientes cuyo vencimiento prescriptivo estaba próximo ni durante mi etapa en el cargo recibí aviso de esa posible prescripción".

Así, ha reseñado de nuevo los hechos mencionados son anteriores a su toma de posesión y, por ello, ha considerado que "en ese momento no había un sistema disponible en la Junta de Andalucía que permitiera de manera centralizada controlar los hitos administrativos, notificaciones y recepciones de las actuaciones administrativas tendentes a interrumpir el cómputo de un posible reintegro. La implantación del sistema contable de la Junta fue paulatina y, en ningún caso, servía para tal finalidad".

Casi 500 millones de euros

En su comparecencia, Torralbo ha recordado también que durante su etapa de secretario general de Universidades, con el Ejecutivo autonómico del PSOE, "asumí las justificaciones pendientes por un total de 494,4 millones de euros, junto con miles de millones ejecutados en el Sistema Andaluz del Conocimiento".

También ha aludido a que en es etapa había "carencia de medios de personal cualificado para realizar esa labor" y ha asegurado que "la ausencia de un sistema de información corporativo hacía que esta tarea de revisión de justificaciones pendientes se realizara de manera manual y en papel".

No obstante, también ha asegurado que mientras se mantuvo en el cargo "este problema estructural pudo reconducirse gracias a la adoptación de una serie de medidas para el mejor cumplimiento de las obligaciones y al esfuerzo y especial dedicación del personal destinado a este complejo, lo que evidencia unas diligencias acordes con la responsabilidad y gravedad del problema que hubo que atender".

Así, ha considerado que "el hecho objeto del procedimiento es un desafortunado caso aislado de un importe de 26.523 euros, entre ciento de millones de euros justificados y resuelto" durante su etapa como secretario general de Universidades.

Fue el 20 de enero de 2020 cuando la Secretaría General de universidades declaró la prescripción del derecho de la Administración a reconocer el reintegro parcial de la subvención concedida a RETA por haber transcurrido más de cuatro años desde que pudo reconocerse o liquidarse el reintegro.

En dicha declaración, ha apuntado, "también se resuelve que no se considera que existan hechos que determinen la exigencia de responsabilidad responsable".

A juicio de Torralbo, "es una contradicción que la Secretaría General, órgano gestión de la subvención, afirme en 2020 que no hay responsabilidad contable y, después, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía decida presentar demanda cuando su informe preceptivo considera que la documentación obrante en el expediente no puede presumirse la existencia de ese elemento subjetivo necesario para la existencia de esa responsabilidad contable".

Con posterioridad, ha continuado, "un informe de la Junta del 11 de abril de 2022 acredita que la actividad subvencionada se ejecutó y se consiguieron los objetivos de la misma. Hay que dejar claro que la actividad se justificó completamente y que el menoscabo efectivo no ha existido".

"No puede afirmarse que tuviera un conocimiento de estas actuaciones precedente a mi toma de posesión ni consta en el expediente el mínimo indicio de la existencia de un descuido inexcusable por mi parte. Se trata de un requisito exigido por la jurisprudencia del propio Tribunal de Cuentas, en cuyo procedimiento en primera instancia no concreta qué debía hacer y no hice".

Torralbo ha añadido que por todo ello considera "no fundamentada la responsabilidad contable por alcance" y ha reiterado que interpondrá recurso de apelación ante la propia Sala del Tribunal de Cuentas y, en el supuesto de ser necesario, recurso de casación ante el Supremo".

También ha asegurado que en caso de no obtener los resultados esperados hará frente a esta cuestión con su patrimonio.