El mapa de la marginalidad: barrios al límite

Tres barrios de Córdoba capital viven al límite, en condiciones de extrema pobreza que se han agravado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y del recorte en ayudas y en recursos sociales por parte de las distintas administraciones. Así consta en un informe titulado Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social, elaborado por la Junta de Andalucía, en el que se hace un diagnóstico de zonas desfavorecidas para proceder a intervenir cuanto antes en ellas.

Las tres zonas de Córdoba capital que cita el estudio son el Distrito Sur, Las Moreras y Las Palmeras, tres barrios que conviven prácticamente con un paro endémico y que cuya situación de desigualdad es crónica. No es ningún secreto para las administraciones, mucho menos para el Ayuntamiento, que se trata de tres barrios al límite. Ya lo tenía en cuenta incluso un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que situaba estas zonas -y dos más- entre los barrios más pobres de España. En aquel momento, desde Alcaldía incluso se intentó restar importancia y hasta credibilidad al estudio. Esta vez es la Junta de Andalucía la que pone número y datos sobre la realidad económica y social de estos tres espacios de la capital, donde la tasa de paro supera el 45%. En el caso de la barriada de Las Palmeras, el índice de desempleo es un insoportable 71%, el nivel más alto que se recoge en el citado estudio. Siete de cada diez personas que viven en esta parte de la ciudad no tienen trabajo.

Este paro que afecta a más de la mitad de la población confirma la llamada de alerta de los vecinos, que llevan años reivindicando la puesta en marcha de un plan integral para regenerar un barrio que cada día afronta un futuro más oscuro, marcado no sólo por el desempleo, sino también por el tráfico y consumo de drogas. No es la primera vez que se recuerda el terrible relato de uno de los jóvenes de este barrio en un Pleno reciente, cuando alertaba de que omitía su dirección en el currículum para tener más oportunidades de acceder a un empleo. Es curioso que, pese a ser el barrio con más tasa de paro, no es el que concentra mayor índice de analfabetismo, lo que demuestra que las dificultades de empleo no es una consecuencia de la falta de estudios. Sí que es la zona que concentra el mayor porcentaje de viviendas en mal estado, con un 42% del total. Urge por tanto la rehabilitación integral de los bloques que, a pesar de los intentos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, parece que no se avanza de la manera prevista.

En una situación similar está el barrio de Las Moreras, donde la mitad de la población (49%) está sin trabajo y un 15% de su población carece de estudios. La población inmigrante ha alcanzado ya el 2% del barrio y es una de las zonas con más viviendas en mal estado (34%), lo que pone otra vez de manifiesto la necesaria rehabilitación, uno de los objetivos además del próximo plan municipal de vivienda. El tridente de las zonas en riesgo de exclusión en la capital se completa con el Distrito Sur, donde el estado de los inmuebles es mejor -sólo un 20% está en mal estado- ya que esta parte sí se benefició de ayudas de la Junta, como el plan de San Martín de Porres. Eso sí, es la zona con más índice de analfabetismo (17%) y con más población inmigrante (4%).

El estudio elaborado por la Administración autonómica engloba en total a 26.800 personas que viven al límite en estas tres barriadas cordobesas.

El diagnóstico también hace referencia a otros cinco barrios de la provincia que están en condiciones de pobreza extrema. Son la barriada de San Pedro, El Salvador y Ladera Sur de Baena, la barriada del V Centenario y otras de Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo -donde el 58% de sus habitantes está en paro-, la barriada Juan Rejano de Puente Genil y la calle Bailén también de la ciudad pontanesa.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, pretende destinar más de 5,1 millones de euros para la actuación en la capital hasta 2021 y 4,3 millones en el conjunto de la provincia para intentar atajar esta situación de desigualdad que sufre la provincia.

La intención del gobierno andaluz es reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. Y habrá una segunda fase para destinar fondos a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten las medidas.