Mujeres del Medio Rural cree fundamental el impulso al Registro de Titularidad Compartida

La Federación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (Ceres Andalucía) valora positivamente la creación y regulación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que supondrá la unificación de varios censos, entre ellos, el de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. "Esta asociación confía en que, a partir de ahora, este registro, que estaba activo pero sin contar con personas inscritas, reciba el impulso necesario para mejorar su funcionamiento", según informaron fuentes de la asociación agraria COAG. Ceres Andalucía recuerda que la Ley de Titularidad compartida fue aprobada a finales de 2011, y que incluía el registro necesario para que las mujeres se acogieran a ella. "Sin embargo, hasta ahora no había funcionado de manera óptima y no había explotaciones inscritas", defienden desde el colectivo.

Las fuentes de la organización agraria COAG insistieron en que la presidenta de Ceres Andalucía, Inmaculada Idáñez, aplaude que el registro empiece a funcionar y apunta que "ahora lo que es de capital importancia es que la Ley se dote del presupuesto necesario para incentivar que las mujeres del medio rural se acojan a ella. Es vital que se trabaje de forma paralela por parte de la Junta de Andalucía, las organizaciones agrarias y las asociaciones de mujeres del medio rural porque toca continuar haciendo una labor de difusión para que llegue al mayor número de mujeres agricultoras y ganaderas posibles". La Federación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural considera que la Ley de Titularidad Compartida es muy útil para el medio rural y muy beneficiosa para las familias andaluzas que se dedican al sector agrario.

Esta asociación también valora positivamente los beneficios fiscales que se plantean, y que ya estaban en la Ley de titularidad compartida, como son el descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social y el reparto al 50% tanto de los rendimientos como de las ayudas agrarias, así como el acceso a pensiones contributivas por la cotización a la Seguridad Social. No obstante, Ceres Andalucía considera que esto no es suficiente, y que esas bonificaciones deberían ampliarse en el periodo en que actualmente se aplican, que es de cinco años, como medida de fomento de la incorporación de mujeres a la titularidad. Igualmente, Ceres ha pedido en reiteradas ocasiones que estas bonificaciones puedan aplicarse a mujeres que tengan más de 50 años, que es el límite actual. También ha hablado de este asunto la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias (Amcae) de Andalucía, que ha celebrado que la Junta haya abierto el Registro de Titularidad Compartida de Andalucía, aunque ha recordado que "llega con siete años de retraso".

Hace tan sólo unos días, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la orden por la que se aprobaba el formulario para la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía. Con este procedimiento, la Junta simplifica y agiliza los trámites para aquellas mujeres que quieran darse de alta en este nuevo registro, ya que solo tendrán que presentar una declaración responsable. Este tipo de declaración implica que la solicitante asume la responsabilidad de todos los datos declarados y se compromete a poner a disposición de la Administración la documentación acreditativa, con lo que se consigue una importante disminución de la carga burocrática, ya que no se requiere aportar previamente esta documentación. Según la Junta, la finalidad del Registro de Titularidad Compartida, que nace incluido en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa), es contribuir a alcanzar la verdadera equiparación de las mujeres y los hombres en la explotación agraria. En este sentido, impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que, al figurar como ayuda familiar en las explotaciones de sus cónyuges, realizan su trabajo como una extensión de labores domésticas. La titularidad compartida elimina esta discriminación al considerar la explotación como una unidad económica donde la aportación de cada persona que la conforma tiene igual valor.

De igual modo, facilita un trato preferente en las ayudas y en las actividades de formación y asesoramiento promovidas por las administraciones, así como en la consideración de estas explotaciones como prioritarias. Entre otras ventajas, las personas titulares pueden beneficiarse de un descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social, el reparto al 50% tanto de los rendimientos como de las ayudas agrarias y el acceso a pensiones contributivas.