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Tras la regularización de la urbanización Cuevas de Altázar, en el entorno de Villarrubia, la primera parcelación de Córdoba en conseguir este hito bajo los criterios de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista) en la ciudad, la mirada está puesta en qué núcleos de parcelaciones serán los siguientes en lograr ser legales o, al menos, poder contar con servicios básicos.
La puesta en marcha y funcionamiento operativo de la Oficina del Territorio y la gestión de mecanismos más ágiles para regularizar las parcelaciones de Córdoba, dotándolas con servicios básicos a las que puedan iniciar el proceso, así como el resto de actuaciones en suelo no urbanizable, ha permitido mantener una primera reunión con más de 64 parcelaciones y una segunda con 45 (de las que 16 eran nuevas y 29 repetían), desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, interesadas en conocer qué procedimiento pueden llevar a cabo de acuerdo a su situación.
Entre ellas, como no podía ser de otra manera, se encuentran las siguientes en lista para lograr regularizarse: El Sol (Alcolea) y también están con el trabajo adelantado en Alamillo, Torreblanca y La Gorgoja 1. Mientras, en el grupo de las que podrían lograr contar con servicios básicos están las de Campiñuela Norte, Los Girasoles y La Florida y Maravilla del Aeropuerto. De las más de 120 parcelaciones irregulares con las que cuenta Córdoba, el PGOU actual permite regularizar unas 30, mientras que otras 80 podrían acceder a los servicios básicos.
Hay muchísima casuística en cuanto a la situación de las parcelas, ha recordado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico a este periódico. Por ello, desde el Ayuntamiento "queremos potenciar la Oficina del Territorio, que extinguía su vigencia hace poco, pero la vamos a mantener y potenciar". La Oficina del Territorio es un órgano especializado en estos procesos de regulación en coordinación con los vecinos implicados y con la ayuda del Consejo del Movimiento Ciudadano y, a partir de ahí, de la mano de los representantes de las parcelas "se ve qué modelo es aplicable caso a caso", que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
Y es que, de las urbanizaciones atendidas, no todas podrán conseguir el objetivo, pues depende del consenso de todos los vecinos para asumir los costes del desarrollo de su urbanización. Cuevas del Altázar, una zona de parcelas en la que existen más de 450 viviendas, pagó más de 2 millones de euros, por ejemplo. La de El Sol ya tiene el dinero recaudado.
En la capital cordobesa existen parcelaciones construidas en zonas inundables, áreas de riesgo de incendios forestales y en zonas protegidas por la Unesco, como la de Medina Azahara, que tienen una situación mucho más compleja. Para el resto, "es un tema de gestión" y de colaboración entre el Ayuntamiento y los vecinos, que celebraron la última reunión hace un mes, ha informado Torrico.
La Oficina del Territorio atenderá los asentamientos irregulares en suelo rústico (no urbanizable) para el impulso de Planes Especiales de Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares para la obtención de servicios básicos. Asimismo, se encargará de los asentamientos irregulares que el PGOU clasificó como suelo urbanizable, pero al día de hoy no cuentan con ordenación detallada.
En estos ámbitos, la actuación de la Oficia del Territorio sería doble: por un lado impulsar los procesos de legalización aprobados por el PGOU y, por otro lado, la obtención de servicios básicos. Urbanismo propone impulsar los procesos de legalización de la ejecución de la urbanización por fases y poder adelantar los servicios básicos mediante proyecto de obras ordinarias.
Asimismo, quieren impulsar la urbanización y obtención de viales, y en su caso suelos dotacionales, en ámbitos tradicionales con un alto nivel de construcción, por ejemplo en Santa María de Trassierra y Cerro Muriano.
La ley Lista también va a permitir que Córdoba cuente con un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que partirá del actual PGOU, pero que lo va a sustituir. "No vamos a cambiar el modelo de crecimiento y desarrollo de la ciudad, vamos a flexibilizarlo, matizarlo y adecuarlo a las nuevas circunstancias que permite la ley Lista", según ha detallado el concejal de Urbanismo, que incluye las parcelaciones en esa nueva realidad.
El fenómeno de las parcelaciones ilegales es un problema histórico que arrastra el municipio de Córdoba desde hace décadas. Presenta, además, gran dinamismo, ya que de las 21 parcelaciones contabilizadas en 1986 (PGOU), se pasó a 36 en 1988 (Catálogo de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Córdoba de Consejería de Obras Públicas y Transportes), y a 75 parcelaciones y unas 4.650 viviendas en 2001 (PGOU), hasta llegar a la actualidad cuando se cifran en más de 100 las parcelaciones y en 11.000 las viviendas fuera de ordenación en el municipio (en las que viven más de 50.000 personas), que además se han convertido en primera vivienda para el 60% de los ciudadanos que las ocupan.
La Agenda 2030 del Ayuntamiento pone de relieve la problemática que sufre la ciudad desde hace décadas con la proliferación de parcelaciones hasta sumar en la actualidad unas 11.000 viviendas, en las que viven unas 50.000 personas, para el 60% de las cuales se han convertido en primera vivienda (especialmente en las de la zona de la Vega del Guadalquivir). Y sentencia que casi la mitad de esas 11.000 viviendas no se van a poder regularizar por estar en zonas o inundables o protegidas, como ocurre con las del entorno de Medina Azahara.
Tan solo algunas de las 120 urbanizaciones avanzaron algo, muy poco, en los últimos 20 años con el Plan General y la antigua Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que el nuevo documento ha traído esperanza entre los propietarios y el propio Ayuntamiento, pues ambos han invertido grandes cantidades de dinero en el intento de legalizarse.
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