La Policía Nacional detiene al concejal de Córdoba David Dorado por el caso Infraestructuras

El concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha sido detenido este lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación al caso Infraestructuras, que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores. El edil, junto a 12 empresarios, había sido llamado a declarar este lunes en la Comisaría.

Fuentes policiales han informado de que, al inicio de la comparecencia, le fue notificada su condición de detenido. Dorado se ha acogido a su derecho a no declarar, al alegar que ya había dado su versión en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investiga el caso. Acto seguido, ha sido puesto en libertad con cargos.

El pasado 9 de noviembre, ante el juez José Luis Rodríguez Lainz, defendió que "todo es legal" y "no hay nada" en cuanto a la adjudicación de contratos menores de obras en dicha área en 2020, al tiempo que aseveró que "todos los expedientes están completos" y que "todo se ha hecho conforme a los procedimientos legales". Este lunes, hasta el momento, Dorado ha guardado silencio.

Además, esperaba que fuera ya "la recta final y un cambio de ciclo, porque todavía hay cosas en la justicia pendiente", tras denunciar él una segunda causa, que lleva el Juzgado de Instrucción número 2, de modo que dijo que "habrá que ver qué pasa también, porque está habiendo unos movimientos muy extraños en el Consistorio" con respecto a dicha denuncia que él interpuso ante la Fiscalía de cara a ampliar la investigación de contratos de Infraestructuras hasta el año 2012.

Junto a David Dorado también declararon dos responsables más del área de Infraestructuras en calidad de testigos. La Fiscalía, tras la denuncia inicial, halló indicios de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de varias obras, así como la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

Sin competencias

El gobierno local de PP y Cs retiró a Dorado todas sus responsabilidades de gobierno, en el que también tenía las competencias de Sostenibilidad y Medio Ambiente, todo ello a final de noviembre de 2021 tras la situación generada por el caso abierto en los juzgados sobre los contratos de Infraestructuras y el escrito del fiscal, a la vez que se cesó a la coordinadora general de Infraestructuras.

Desde el gobierno local argumentaron que "como el foco está puesto en una Delegación que es de su responsabilidad se ha entendido que en aras de la transparencia es mejor que David Dorado se retire de esa Delegación para que todo pueda seguir transcurriendo de la mejor forma posible".

Días después, el alcalde, José María Bellido, anunció que el concejal Antonio Álvarez (Cs) asumía la Delegación de Infraestructuras, mientras que David Dorado seguiría siendo edil de Cs y viceportavoz del grupo, pero sin Delegación, todo ello dentro de la remodelación de gobierno, en exclusiva de las áreas de la formación naranja.

El regidor explicó que Dorado no ostentará ninguna responsabilidad de gobierno "por cuestión de ejemplaridad y absoluta transparencia" mientras se instruye la investigación en los juzgados, donde "Dorado no está imputado, ni señalado" en el informe de la Fiscalía, apuntó Bellido en aquel momento.

El pase al grupo de no adscritos

Sin embargo, en agosto de este año el edil anunció que renunciaba a seguir en el grupo de Cs, del que fue portavoz desde finales del año 2021, después de quedar apartado de sus competencias al frente de Infraestructuras. Con su decisión, el gobierno municipal se ha quedado con 13 concejales y la oposición con 16 -ocho PSOE, tres IU, dos Vox, dos Podemos y David Dorado-.

En una comunicación a través de redes sociales, Dorado, quien dijo que pasaba al grupo de no adscritos, defendió que renunciaba "para continuar investigando, colaborando con la justicia y hablando, como concejal, sobre el presunto mayor caso de corrupción del Consistorio", al tiempo que declaró que el alcalde "debe dimitir" y que su partido no cuente con él en la ejecutiva nacional.

Así, advirtió de "los obstáculos puestos por el entorno del alcalde" para "la apertura de una investigación interna de un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos relacionados con el alumbrado público en el Ayuntamiento entre los años 2012 y 2020".

El inicio de la causa

La causa la denunció en primera instancia en febrero de 2021 el grupo de IU, de la mano de Amparo Pernichi, y meses más tarde terminó formando parte de una demanda judicial conjunta con Podemos.

Mientras, por encargo del alcalde, el titular de la asesoría jurídica municipal realizó un informe sobre contratos menores de la Delegación de Infraestructuras en 2020, que engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos. Todo ello lo investiga el Juzgado de Instrucción número 4.

Por su parte, David Dorado elevó la segunda denuncia sobre contratos de dicha área de años anteriores. Así, explicó que había "tenido conocimiento, a través de las pertinentes comunicaciones y quejas de empresas licitadoras y no adjudicatarias", de la existencia "de posibles irregularidades en las licitaciones de obras que el Ayuntamiento de Córdoba había realizado en los últimos cinco años sobre sustitución de luminarias de alumbrado publico de Córdoba, y remodelación de nuevas calles que llevan incorporado nuevo alumbrado".

Igualmente, Dorado indicó en su denuncia "que estás empresas manifestaban la imposibilidad de acceder a la posible adjudicación debido a los términos de redacción de los proyectos", que "han hecho inviable, desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias de las mismas".

Además, "en escritos y documentación aportada posteriormente se indican igualmente irregularidades en los expedientes administrativos iniciados para la contratación y adjudicación con el fin de proceder a la sustitución, instalación y mantenimiento de cuadros de mando".

Ante ello y "tras la práctica de diversas diligencias de investigación y el examen de numerosos expedientes administrativos de contratación tramitados para la instalación de luminarias y de cuadros de mando", la Fiscalía acordó este verano formular denuncia ante el Juzgado Decano por los hechos denunciados e investigados, "al considerar que existen indicios de que los mismos pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo".

Igualmente, el Ministerio Público solicitó que desde el Juzgado de Instrucción que por turno le corresponda -el número 2-, "que se continúen practicando diversas diligencias de investigación, entre ellas que se oiga en declaración como investigados a un funcionario" del Ayuntamiento y a otras personas ajenas a la Corporación municipal.