Contextos y riesgos de una democracia judicializada: el artículo de un joven investigador cordobés premiado por la UAM

"La dinámica política actual va por un camino en el que cualquier controversia entre partidos se termina transformando, tarde o temprano, en una controversia judicial, delegando en los tribunales la facultad de decidir y posicionarse sobre algunos de los dilemas que orientan la vida dentro de una sociedad democrática como la nuestra", afirma Juan Gálvez Galisteo (Baena, 1998), estudiante de un máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos que ha sido recientemente premiado en la décimo tercera edición de los Premios Jóvenes Investigadores de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El baenense, representando a la Universidad de Bolonia (Italia), fue reconocido el pasado 12 de diciembre con un accésit en la modalidad de "Derecho público y filosofía jurídica" por la defensa de su trabajo Contextos y riesgos de una democracia judicializada. Según el fallo del jurado que concedió el premio, el trabajo destaca por su comprensión y su relación con la actualidad.

En él se analiza cómo aquellas cuestiones políticas o sociales que, en lugar de ser resueltas por instancias políticas, son decididas por los tribunales, es decir, cuestiones que tradicionalmente se habían negociado en foro político y que hoy se ven afectadas y resueltas por las normas y procedimientos jurídicos, para acabar compartiendo una reflexión final sobre los riesgos de este fenómeno, unidos a la "deriva autoritaria-populista que parece amenazar nuestros Estados de Derecho".

"Estamos en un momento en el que el debate parlamentario y la negociación política están siendo sustituidos por acusaciones, demandas y recursos de inconstitucionalidad, obligando que sean los jueces y magistrados los que acaben tomando decisiones clave para la vida política y social", insiste el joven investigador ante El Día, poniendo de ejemplo casos concretos en España como la ley del aborto o la eutanasia.

Gálvez achaca la normalización de este fenómeno a la "incapacidad de resolución de conflictos políticos mediante la negociación", debida principalmente a la "polarización". Según explica a este periódico, existe una especie de "estrategia deliberada de judicializar el conflicto", convirtiendo los tribunales constitucionales en la "arena política donde se libra la batalla entre el gobierno y la oposición".

Desde su punto de vista, "poco ha importado a los principales partidos políticos" el traspaso de la lucha parlamentaria a los tribunales y las consecuencias que se derivan de ello para la institución de la justicia constitucional, como podrían ser la falta credibilidad o el desprestigio de la institución.

De forma paralela a la judicialización de la política, Gálvez advierte de otro fenómeno que nos lleva a una inversión terminológica: la "politización de la justicia". Como si fueran vasos comunicantes, la colonización de las instituciones judiciales "se está asentando como práctica habitual en nuestras democracias a través de mecanismos de designación de sus miembros y la propia composición de estos órganos ante la indiferencia ciudadana", denuncia.

De este modo, la dinámica sigue una lógica muy sencilla, resume Gálvez: "cualquier partido que sepa que puede obtener una decisión favorable en sede jurisdiccional, porque se ha encargado de mermar su independencia a través de la colonización institucional, tratará de trasladar la decisión a los tribunales".

El investigador "novel" concluye que la combinación que se puede producir entre la judicialización de la política y la deriva populista-autoritaria con su consecuente instrumentalización de la justicia (citando como ejemplos los casos de Hungría y Polonia) es "preocupante", ya que "podemos ser testigos de un progresivo uso y abuso del poder judicial y de los tribunales constitucionales para avalar decisiones tomadas por el poder ejecutivo, con los riesgos que supone para la convivencia democrática y la protección de los derechos de las minorías".