Sanciones y nóminas de 400 euros en la huelga de la limpieza de Córdoba

La huelga del sector de la limpieza de Córdoba, que alcanza su cuadragésima segunda jornada consecutiva, ha costado ya una treintena de expedientes disciplinarios y nóminas de no más de 400 euros en diciembre a los huelguistas por reclamar los 194 euros de diferencia entre el actual sueldo base de 771 euros hasta los 965 del salario mínimo interprofesional.

El paro, que UGT convoca en todo el sector de la provincia pero que solo se hace visible en los centros sanitarios, se enquistó cuando la patronal, la Asociación de Empresas de Limpieza de Córdoba (Alimcor), pretendió absorber los 196 euros de la subida con los pluses personales, cuando ya los sindicatos habían renunciado al cobro retroactivo de la subida desde la finalización del anterior convenio, en octubre de 2020.

Cristina Flores, una de las trabajadoras que secunda el paro, afirma que gran parte del colectivo son mujeres con cargas familiares cuyo único ingreso es el salario que le aporta su trabajo, que forman una familia monoparental o con el marido en desempleo.

"Creían que con el covid y con el paro que hay no nos íbamos a plantar", señala en la zona por la que los camiones sacan parte de los residuos que genera el centro sanitario y que desde el pasado 20 de enero son extraídos en presencia de la Policía Nacional por orden de un juez a petición de la dirección del Hospital Universitario Reina Sofía, uno de los centros donde se ha focalizado el conflicto.

Para Andrea Valenzuela, delegada sindical de UGT en la empresa que gestiona la concesión del servicio de limpieza en el establecimiento de la Junta de Andalucía, una UTE integrada por Eulen, Ferrosur e ISS, "somos la cabeza más visible, son los hospitales donde nos hemos pronunciado más fuertemente y donde somos más mujeres", en un sector con unos 4.500 trabajadores.

Mientras que en el Reina Sofía el personal de limpieza se subroga de concesionaria en concesionaria, "en los demás sitios, por ejemplo en un supermercado o en un Zara, puede haber una mujer y no pueden hacer nada por sí solas".

El Hospital Reina Sofía, mediante una declaración escrita, ha mostrado su respeto al derecho a la huelga y su deseo de que "patronal y representantes de los trabajadores lleguen a un acuerdo lo antes posible y se resuelva esta situación que está afectando al funcionamiento del centro".

El comunicado esgrime que llevan "casi dos semanas sufriendo los daños colaterales de esta huelga ininterrumpida desde su recrudecimiento y hay límites que no se deben superar en un hospital que atiende a pacientes inmunodeprimidos y con graves patologías", por lo que "es nuestra responsabilidad velar por la seguridad de los pacientes y que se cumplan los servicios mínimos".

Estos se establecieron al comienzo de los paros intermitentes, mediante una Orden de 19 de octubre de 2021 firmada por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y obligan a "mantener la actividad asistencial de un día festivo", salvo en una serie de servicios, como Urgencias, Cuidados Críticos y Partos, "que se mantendrá la actividad al 100%".

Andrea Valenzuela subraya que entiende que la decisión de ir a la huelga afecta a un hospital, pero incluir en los servicios mínimos, "por ejemplo, hacer una cama a un médico o pasar la mopa a un pasillo nos parece innecesario, aun así se están cumpliendo”.

Hoy se ha vuelvo a celebrar el ritual de retrasar la salida de los camiones desde la zona cercana a Rehabilitación, bajo custodia policial, en una especie de ceremonia en la que cuatro agentes de la UPR se colocan delante del camión y caminan, pacientes, al ritmo musical de las decenas de trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, que ralentizan el avance del vehículo.

En otra zona del complejo, en la entrada trasera de Consultas Externas del Hospital General, se acumulan bolsas de basura a la vista de cualquier persona que se acerque al hospital. Allí un operario separa cartones sobre el solar donde debería estar levantado el edificio de las consultas del Hospital Materno-Infantil, unas obras adjudicadas en julio de 2019 y de las que solo se ejecutaron un 2% por abandono de la UTE concesionaria.

Entre las bolsas de basura son claramente visibles documentos médicos sin destruir con datos personales de pacientes, que afectan a la protección de datos constitucionalmente protegida y especialmente en lo relativo a la salud por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, también otros relativos a formación, cajas de medicamentos y envolturas de gasas. El Hospital no ha contestado al requerimiento sobre este hecho.

Ningún representante de Alimcor ni de la patronal estatal, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), que ha prestado asesoramiento jurídico en la negociación, ha mostrado su postura sobre la situación de la huelga, ni tampoco sobre la reunión convocada para mañana miércoles, después de más de dos meses sin contactos entre las partes.