Urende entra formalmente en concurso voluntario de acreedores

La cadena de electrodomésticos Urende, perteneciente al grupo Sánchez Ramade, ha entrado en concurso voluntario de acreedores, dictado vía auto judicial, debido a la falta de acuerdo entre la empresa y sus acreedores sobre la fórmula para refinanciar la deuda que mantiene con éstos (entidades financieras), de unos 180 millones de euros.

Fuentes judiciales informaron ayer que el auto judicial, dictado el pasado martes por un juzgado de Córdoba, respeta el acuerdo entre empresa y trabajadores sobre el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que, por espacio de 60 días, entró en vigor el pasado 1 de septiembre y que supuso el cierre de 12 (la mayoría fuera de Andalucía) de las 22 tiendas que tenía Urende en España.

Al concurso de acreedores se ha llegado después de que la propia empresa se acogiese el pasado 9 de junio al procedimiento de negociación de deuda de la Ley Concursal, el denominado preconcurso de acreedores, medida con la que, según explicó Urende, quería "avanzar en la búsqueda de soluciones para dar continuidad y garantizar la actividad de la empresa".

La cadena de venta de electrodomésticos, informática y electrónica ha dispuesto desde entonces de tres meses, prorrogables a un cuarto, que no ha llegado a completarse, para renegociar su deuda con los acreedores, que durante este periodo no podían instar el concurso necesario. La falta de acuerdo lleva ahora a que Urende haya instado el concurso voluntario de acreedores.

Por lo que se refiere el ERTE en vigor y que no se verá afectado por el concurso de acreedores, afecta a 390 empleados de los 700 que componen la plantilla de Urende y supuso el cierre de 12 tiendas, en Badajoz, Plasencia (Cáceres), Gandia (Valencia), Alzira (Valencia), Valencia (Capital), Castellón, Valladolid, Burgos, Marbella (Málaga), Utrera (Sevilla), Sevilla ciudad y Córdoba. En cambio, las diez tiendas que se mantienen abiertas se ubican en Córdoba, Tomares (Sevilla), Málaga, Jaén, Granada, Huelva, Almería, Vícar (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ciudad Real.

El ERTE, aprobado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, tiene una duración de 60 días y los 390 empleados afectados recibirán de la empresa un complemento de 400 euros lineales; 100 euros para los empleados que a la finalización del ERTE permanezcan en la empresa como complemento al desempleo y 300 que se sumarían a las futuras indemnizaciones para las extinciones definitivas de contrato.