Vuelta al cole en Córdoba: El año de la burbuja

Preocupación y crispación. Con estos dos términos define la presidenta de la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y Residencias Escolares en Córdoba (Asadipre), Isabel Bernal, la vuelta al cole a partir del próximo mes de septiembre. Un regreso a las aulas condicionado por la pandemia del covid-19 y por un sinfín de normas e instrucciones a cumplir por parte de la Consejería de Educación.

Bernal reconoce a el Día que hay temor a que las clases comiencen de nuevo y augura que se tratará de un hecho que constituirá “un punto de inflexión en la pandemia”, puesto que no se puede olvidar que en los centros educativos se van a producir “puntos de contactos fuertes” entre el alumnado y el profesorado.

Fue el pasado 6 de julio cuando la Viceconsejería de Educación emitió unas instrucciones relativas a la organización de los centros docentes para la adaptación de estos a la situación de emergencia social por el coronavirus.

Estas instrucciones desataron toda una tormenta que derivó en una cascada de comunicados de asociaciones de directores de centros, claustros de profesores y padres y madres de alumnos. Esta misma semana, por su parte, el titular del ramo, Javier Imbroda, ha presentado un decálogo con las medidas para volver a las aulas, que no exime a las familias utilizar el miedo a los contagios por covid-19 como motivo para no llevar a sus hijos a las aulas. Es más, sino lo hacen se enfrentarán a que desde la Consejería de Educación se active el protocolo de absentismo. Es decir, que las clases son obligatorias, al menos para los más de 82.000 alumnos de los ciclos de Primaria y Secundaria en Córdoba.

Sin embargo, para Bernal todas estas medidas no son suficientes y, a su juicio, desde Educación “están regulando, pero no de una forma acertada”. La causa, continua, es porque “no hay compromiso económico” y recuerda que nos encontramos ante “una situación excepcional, pero con recursos ordinarios”. Así, se pregunta “¿cómo se van a dar clases por la tarde?”. Esta es una de las medidas defendidas por Imbroda para evitar aglomeraciones en las aulas. Siguiendo la línea económica, la presidenta de Asadipre lanza otra cuestión: ¿Dónde está la partida económica del Gobierno central para los centros?

Esta no es la única pregunta sin respuesta hasta la fecha que se hace Bernal, que también es la directora del colegio Antonio Gala de la capital. Otra de ellas es la correspondiente a la limpieza de los centros educativos, una tarea que se tiene que llevar a cabo dos veces al día y que corresponde al Ayuntamiento. Así, reconoce que “todo el mundo está preocupado” e insiste en durante todo este tiempo “no hemos tenido capacidad presupuestaria y no se ha hecho ninguna obra para adaptar los espacios al covid-19”.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria en Córdoba (Adian), María de los Ángeles Baños, reconoce que la situación que han vivido en las últimas semanas “ha sido complicada”. A su juicio, la vuelta a las aulas llegará con un punto de “incertidumbre” y, además, “será un momento difícil y complicado con 30 alumnos en clase”.

También sostiene que habrá “miedo” a la gestión y que están a la expectativa para ver cómo se concretan las medidas. “Es un momento de esfuerzo”, augura.

Baños, además, recuerda que las clases serán presenciales, pero “sin bajar la ratio y sin aulas suficientes”. “Estamos a la espera de ver lo que pasa”, explica.

La visión del profesorado, por su parte, llega desde el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, Antonio López, quien asegura que al coronavirus “no se le puede parar solo con geles y mascarillas”.

López, que representa a más de 10.000 docentes de la provincia de Córdoba, expone alguna de las reivindicaciones del sector para el curso 2020-2021. Una de ellas es la enseñanza presencial. “El alumnado y el profesor pueden alcanzar la mejor interacción y los mejores resultados cuando tienen esa presencialidad”, argumenta, al tiempo que reconoce en plena pandemia “tiene que ser una enseñanza segura”.

Además, es tajante ante las medidas que, por el momento, ha presentado la Consejería de Educación y asegura que “son insuficientes”. No obstante, reconoce que “es positivo que se hagan test a la plantilla, y que haya un aumento del personal, aunque es muy insuficiente”.

También expone una reivindicación que no es no nueva para los sindicatos, sino una medida que llevan planteando en los últimos años: la reducción de la ratio, “que es fundamental para mantener la distancia social y las interacciones bajo control”, apunta.

En esta misma línea, insiste en que “lo que nos preocupa más todavía, teniendo en cuenta el espacio de las aulas, es que se amplíe las ratios y, eso no debe ocurrir; deberían ser inferiores”.

El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, además, insiste en la importancia de que el profesorado “necesita unas directrices muy claras porque no se puede olvidar que somos docentes no técnicos de prevención de riesgos laborales”. “Se ha depositado una responsabilidad que no los corresponde y no están formados para ello”, advierte.

La visión de las familias

Las familias del alumnado son otro de los pilares del sector educativo y también tienen su opinión ante el próximo regreso a las aulas. Para el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos (FAPA-Ágora), Francisco Mora, con las medidas que ha presentado la Consejería de Educación para hacer frente al covid-19 en colegios e institutos “se ponen soluciones sobre la mesa”.

Mora reconoce que el miedo a que se produzcan contagios una vez que se reanuden las clases presenciales es una sensación que divide a las familias al 50%. Eso si, subraya que “no podemos tener un principio de curso como el final –de manera virtual– porque es perderlo”.

En este sentido, se muestra a favor de que las clases sean presenciales y no a distancia porque con esta fórmula “el alumnado no socializa”. También alude al cierre de aulas previstos por la Delegación de Educación ante la bajada de la natalidad, una medida que se podría aprovechar para garantizar la distancia de seguridad en las aulas una vez que comience el curso.

María Luisa Lucena, vicepresidenta primera de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumno (Concapa), asegura que “en todo momento hemos estado informados –por parte de la Consejería de Educación” y nos han mandado la normativa”, aunque advierte de que “nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar porque hay temor a que haya rebrotes en septiembre”.

Lucena defiende el protocolo de actuación y el decálogo de medidas de seguridad establecidas por la Consejería de Educación, al tiempo que recuerda que “los niños tienen que ir sí o sí al colegio, pero nadie sabe lo que va a pasar y tienen que ir a sitios en los que casi es imposible que no haya contactos”.

Recuerda que durante estas últimas semanas, “todos los centros han tenido que presentar un protocolo de actuación, que incluye que una persona estará en contacto con los centros de salud por si hay casos”. Entradas en los centros educativos de manera escalonada o por diferentes espacios o separación física en las aulas son algunos de los aspectos que señala como positivos para evitar contagios, aunque vaticina que “a finales de agosto, tiene que haber una reelaboración de los protocolos”.

Colegios e institutos volverán a abrir sus puertas en menos de un mes en la provincia de Córdoba. El próximo 1 de septiembre comienza la actividad en colegios e institutos, aunque no lectiva. No será hasta el 10 de septiembre cuando sea el turno de que los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria se incorporen a las aulas, mientras que cinco días más tarde, el 15 de septiembre será el turno de los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Y lo harán en centros educativos en los que en las últimas semanas se han llevado a cabo protocolos y medidas de actuación para garantizar la máxima seguridad posible ante posibles contagios por coronavirus.