Los abogados del cabo cordobés muerto en Cerro Muriano recurrirán el auto del juez militar

Los abogados del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez, muerto el pasado 21 de diciembre junto al soldado sevillano Carlos León en una maniobras en Cerro Muriano, han anunciado que "además de haber recurrido la inhibición de la justicia civil en el caso, el lunes 22 de enero presentaremos recurso contra el extemporáneo auto de imputación de la justicia militar por entender que se extralimitó en sus competencias y se infralimitó en sus acusaciones". Todo ello después de que el viernes se conociera la imputación por parte del Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla de un sargento, un teniente y del capitán que estaba al frente del ejercicio que acabó con la vida de los dos militares por un presunto delito contra la eficacia de servicio.

Los abogados del cabo cordobés fallecido –Francisco Pérez (parte personada por los padres) y Antonio Granados (por su viuda)– han anunciado que recurrirán así el auto del juzgado togado Militar 21 de Sevilla y la inhibición del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, después de que el juez Rodríguez Lainz, titular del juzgado cordobés, dejara el caso en manos de la jurisdicción militar.

Los letrados insisten en que "la imputación de la justicia militar es una extralimitación de competencias porque el mismo auto reconoce que la inhibición de la jurisdicción civil no es firme por estar recurrida. Si la inhibición no es firme, es obvio que la justicia militar no puede iniciar ningún tipo de actuación", defienden.

Asimismo, defienden que "igualmente, hasta que la inhibición fuese firme, cuestión que hemos recurrido, la policía judicial se debe a quien ostenta actualmente la competencia, que es la justicia civil (Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba)". Los abogados apuntan que el atestado de la policía judicial fue entregado a la justicia militar, que todavía no tiene asumidas las competencias del caso. "Y lo más importante, el atestado señala que siguen las investigaciones e indagaciones", añaden.

Francisco Pérez y Antonio Granados refieren en su argumentación que lo más relevante es saber qué se informó a las autoridades sobre "las polémicas maniobras" y quien las aprobó. "Todo esto es lo que queremos esclarecer en la jurisdicción civil, que es más garantista", insisten, para añadir que por ello recurrirán la imputación del juez militar.