El administrador de Acsur asegura en el juicio que "no controlaba el tema laboral"

El administrador de la empresa Acsur R. J. D. G., acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras supuestamente realizar distintas acciones, ante la situación económica que atravesaba la entidad, "con la finalidad de perjudicar y hacer inviables" los derechos de unos 30 empleados en Córdoba, defendió ayer ante el juez que él "no controlaba el tema laboral".

Durante su declaración en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba -que prevé continuar hoy-, el procesado explicó que "todo el día estuvo intentando buscar soluciones" ante la situación por la que atravesaba la empresa, de la que "nunca ha sido propietario a nivel personal", sino que ha ejercido como "administrador solidario" junto a otra persona, según apuntó, al tiempo que subrayó que "las decisiones se tomaban al 50%". En su declaración, detalló que cuando llegaron a la entidad, los trabajadores llevaban "cuatro o cinco meses sin cobrar las nóminas", misma situación que se daba con la Seguridad Social, así como con el pago pendiente a proveedores de "varios días". Afirmó también que ellos reflotaron la empresa, de forma que "los empleados empezaron a cobrar", aunque destacó que Acsur participaba en "21 UTEs, la mayor parte en liquidación, de manera que una de ellas fue la que provocó que embargaran y hubiera problemas".

El acusado relató también que cuando vieron que Acsur "no tenía viabilidad, se acordó la segregación de rama de actividad, algo que es muy difícil y costoso", todo ello de cara al "trasvase" de empleados y afirmó que la empresa tenía "embargos y muchas deudas".

El administrador de Acsur anotó también que de manera posterior dejaron "presentado el concurso de acreedores" y puntualizó que "todos dejaron de cobrar, porque no había ingresos, ni había actividad que realizar". Es más, subrayó que él perdió su dinero y le "cortaron la luz de casa".

Tras mantener que el asesor laboral decidiría que no hubiera despido colectivo, el acusado defendió que los empleados estuvieron en la sede de la empresa porque él pagó "el alquiler" y que en una nave, ubicada en otro lugar, se encontraban los materiales, aunque remarcó que él "no controlaba el tema laboral" en cuanto a la situación de los trabajadores.

La Fiscalía pide para el varón una pena de tres años de cárcel y multa de 6.750 euros. Según el Ministerio Público, la "mecánica" del procesado presuntamente consistió en dejar de abonar a los trabajadores los salarios correspondientes a las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2013, así como la paga extraordinaria de diciembre de 2012.