Las agresiones a profesionales sanitarios en Córdoba siguen en aumento y llegan a las 162

Córdoba/Las agresiones a profesionales sanitarios en la provincia de Córdoba siguen en aumento y a lo largo del ejercicio de 2024 se han producido un total de 162, según los datos publicados en el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De este total, 36 fueron agresiones físicas y 126 no físicas.

Se trata de un número mayor al de las agresiones contabilizadas también por el SAS en el año 2023 en la provincia de Córdoba, cuando se contabilizaron 149. Es decir, que un año los profesionales del SAS que trabajan en los centros sanitarios públicos de Córdoba han sufrido un 8,6% más de agresiones.

En toda Andalucía, según los mismos datos, también se ha registrado un aumento del 19% de las agresiones a sanitarios respecto al año pasado. Según el citado Registro Informático de Agresiones de Centros, en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales. En concreto, el informe se ha presentado este jueves, durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con los resultados del año 2024 en relación con las agresiones a profesionales.

Efecto rebote

En el análisis planteado a las organizaciones sindicales en esta mesa de trabajo, se ha tenido en cuenta los datos desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, y efecto rebote posterior, con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial.

Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. Siguiendo lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo.

Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas.

Datos provinciales

Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

Por sexos, las mujeres son las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Dispositivos de seguridad

Junto a "la importante apuesta por la formación y la capacitación", también es "importante subrayar el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces", ha apostillado desde la Consejería de Salud.

En el caso de Córdoba, actualmente cuentan con 4.921 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 807 cámaras de seguridad, más de 3.200 dispositivos de aviso en consultas y 192 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad.

Ante estos datos, la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, ha recordado que la organización lleva años reivindicando medidas disuasorias para frenar este tipo de situaciones de violencia física o verbal, que son “una lacra de gran calado para el personal de nuestra sanidad pública, en tanto que atentan contra su integridad física y moral”.

Canales ágiles y rápidos

Asimismo, el Plan habilita también "canales ágiles y rápidos" para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, "se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar".

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los doce meses y los tres años de prisión.

De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. Todas estas acciones y otras muchas que se incluyen en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS se realizan siempre bajo una estrecha colaboración y coordinación entre centros sanitarios, delegaciones del ramo, Servicios Centrales del SAS y Consejería, facilitando información continua a las organizaciones sindicales.

Oferta formativa contra las agresiones

Para "revertir estos datos y en su apuesta por la desescalada de las situaciones de violencia", el SAS "refuerza su oferta formativa". Los profesionales tienen a su disposición, en el momento de la incorporación, formación específica y de realización obligada en control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de prevención de agresiones.

Adicionalmente, en los centros asistenciales se imparten talleres y formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias con el objetivo de "mejorar las competencias de los profesionales para reconducir situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias".

Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la ya citada creación de la figura del profesional guía que, además de acompañar a los profesionales agredidos, dan claves del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivos, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; la atención psicológica durante el tiempo que sea necesario, o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

También se está trabajando en el proyecto de decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes.

Actualmente se está procediendo a la elaboración del Informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos.

Por ello, la Consejería está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.