El alcalde de Aguilar defiende que no había informes en contra de la ITV

El alcalde de Aguilar de la Frontera, Francisco Paniagua (PSOE), para quien la Fiscalía solicita un año de cárcel y ocho de inhabilitación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por la concesión en 2006 de una licencia de obras para la construcción de una ITV en la localidad, defendió ayer que no había informes técnicos contrarios a levantar esta infraestructura y que la anterior Corporación había declarado el proyecto de interés público.

El alcalde, que compareció ayer durante la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2, dijo que desconocía si el suelo era o no urbanizable, pero alegó que la comisión de gobierno aprobó el expediente por unanimidad de todos sus miembros y que a este órgano de decisión sólo llegaban expedientes que contaban con el visto bueno de los técnicos municipales. "Si las licencias suben a la junta de gobierno es porque no tienen ninguna pega", defendió.

En el banquillo también se sentaron como acusados el exedil de Urbanismo, Francisco José Palma, y el secretario del Ayuntamiento. Este último insistió en que, cuando se concedió la licencia, no había informes contrarios e incluso se contaba con el visto bueno de la Delegación de Obras Públicas. El secretario dijo, no obstante, que su función era comprobar el contenido documental, "pero no la legalidad". El edil de Urbanismo recordó que llegó al cargo en 2003, un año después de que el expediente recibiera el visto bueno.

A la sala de vistas acudió como testigo la exalcaldesa de Aguilar, Carmen Flores (IU), que reconoció que fue durante su mandato cuando se concedió el carácter de "interés público" a la ITV. "Iba a suponer la creación de puestos de trabajo en la localidad y en un Ayuntamiento hay que pensar a largo plazo", dijo. Flores recordó que su proyecto era levantar un polígono industrial en la zona de la ITV aunque no supo responder si el Ayuntamiento se puso en contacto con la Junta de Andalucía para solicitarle que se le concediera el permiso para abrir una instalación de este tipo. "Me imagino que se hicieron los trámites oportunos", apuntó. Según le recordó el titular del Juzgado de lo Penal número 2, en el expediente no consta ningún documento que acredite que se consultara a la Administración autónomica, competente en la materia.

Pese a ello, el proyecto para construir una ITV en la localidad siguió adelante. Dos de los concejales que votaron a favor del proyecto en la comisión de gobierno insistieron en que no hubo "ninguna objeción" por parte de los técnicos, por lo que "el voto fue en conciencia con lo que los informes decían". También comparecieron técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación, que dijeron que los informes fueron favorables.

Fue un vecino de Aguilar de la Frontera quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía después de constatar que, junto a la nave en obras de la ITV, había un cartel que informaba de que aquel suelo no era urbanizable. En noviembre de 2007, envió una carta al Ayuntamiento, pero no hubo respuesta: "Ni explicación verbal ni por escrito", apuntilló durante el juicio. "El Ayuntamiento ha sido totalmente opaco para mí", dijo. Ninguna de las partes propuso como testigo al empresario que solicitó la licencia para la apertura de la ITV privada.