El alcalde de Córdoba defiende que en la compra de test covid se aplicaron "exigencias por encima de la ley"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha considerado este jueves "normal" que la Fiscalía Provincial de Córdoba haya abierto diligencias tras la denuncia presentada por el PSOE por la compra de 8.000 test rápidos de detección del Covid-19 por parte de Sadeco. La empresa pública se gastó 340.000 euros más IVA en esta adquisición. Bellido ha argumentado que, tras la presentación de una denuncia, "lo normal" es que el Ministerio Público lo investigue y ha dicho que el Ayuntamiento colaborará con el Ministerio Público para entregar todos los informes que se le requieran.

El primer edil ha destacado, asimismo, que en el momento de adquisición de los test, en el pico de la pandemia y pese a que la normativa se rebajó para dar más flexibilidad a las administraciones, el Ayuntamiento mantuvo "exigencias por encima de la ley", y de todo ello dan cuenta los informes jurídicos.

"El PSOE se lo debe hacer mirar", ha censurado Bellido, que ha citado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene a varios familiares investigados, a lo que se suma el llamado caso Koldo. "Deben mirar menos la paja en el ojo ajeno y más las vigas en el suyo", ha dicho.

El Ministerio Público, en concreto, ha pedido al Consistorio de la capital cordobesa que remita todos los contratos firmados con la clínica Beiman. Además, el fiscal pide que se "oficie al Ayuntamiento de Córdoba para que por el órgano encargado de la Fiscalización e Intervención de la contratación pública se emita informe acerca de la legalidad de la contratación llevada a cabo en el expediente C20/50, denominado contrato para la realización de 8.000 test rápidos para la detección de Covid entre los trabajadores de Sadeco".

Esta no es la única petición que hace la Fiscalía, puesto que también demanda saber "si se realizó estudio económico acerca del precio de mercado del servicio objeto de contrato, si en dicho expediente consta la memoria que se menciona en el informe jurídico de 31 de agosto de 2020, emitido para validar la utilización del contrato de emergencia, el cual hace referencia a dicha memoria", según consta en el escrito.

En último lugar, el Ministerio Público pregunta al Ayuntamiento de Córdoba que "si de existir una posible conexión de la empresa adjudicataria con la empresa SMD -de servicios médicos deportivos- en dicha contratación hubo concurrencia de empresas o, por el contrario, hubiera impedido dicho requisito".

El informe del secretario

Tras la primera petición por parte del PSOE, y antes de llevar el caso a los tribunales, el alcalde pidió al secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que emitiera un informe jurídico "sobre la adecuación a la normativa vigente del expediente de contratación tramitado, en su día, por este Ayuntamiento relativo a la adquisición de material sanitario y pruebas analíticas con destino al personal de Sadeco a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19".

El informe de Lavela concluyó que "no se ha apreciado ni detectado ninguna irregularidad y/o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal ni por parte de autoridades ni de empleados públicos municipales, pertenecientes tanto a la entidad matriz del Ayuntamiento de Córdoba como a la empresa municipal Sadeco, en la tramitación y ejecución del expediente C20/40 referido a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para la prestación del servicio de realización de ocho mil (8.000) pruebas rápidas de detección del Covid-19 con destino a los empleados de dicha empresa municipal".