Las asociaciones de discapacidad de Córdoba piden una financiación justa: "Si no se resuelve, no podemos prestar estos servicios"

Córdoba/Las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad llevan meses de concentraciones y protestas para reivindicar "una financiación justa, sostenible y estable" que les permita seguir prestando servicios a sus usuarios. Muchas de ellas corren peligro de desaparecer en caso de que la Administración no actualice el precio de las plazas, una situación que se va a ver agravada por la subida del 10% de los salarios de sus trabajadores este 2025.

Para analizar el camino recorrido hasta ahora por estas entidades del tercer sector y cómo se encuentran en el momento actual, Autismo Córdoba ha celebrado este miércoles, dentro de los actos enmarcados en su 30 aniversario, una mesa redonda con cinco asociaciones y representantes institucionales de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación con el objetivo de fomentar sinergias que contribuyan al fortalecimiento del sector social.

Estas organizaciones realizan un trabajo que no cubren las administraciones públicas y que, por lo tanto, es imprescindible para las familias y personas con discapacidad. Pero "esto tiene que estabilizarse de alguna manera", ha señalado Francisca Suárez, presidenta de Autismo Córdoba: “Ellos son la Administración, tienen que entenderse con el Gobierno central y el Gobierno central con ellos -ha dicho en referencia a la Junta de Andalucía-; esto nos lo tienen que dar resuelto porque si no no podemos prestar estos servicios”.

En el caso de Autismo Córdoba, gestiona un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) específica donde se realizan intervenciones integrales y al que se derivan muchos más niños que el concierto que tienen con la Junta. Tal es la situación que se han reunido con la Delegación de Salud para decirles que no les envíen a más niños porque se está superando ampliamente el importe del concierto, que, por otro lado, es para cuatro años y durante ese tiempo "no se revisa". Si atienden a más usuarios, tendrían que poner dinero de bolsillo, como ha explicado Suárez. Esto también provoca que las familias tengan que esperar tres o cuatro meses a ser atendidas.

La presidenta de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones Similares (Acpacys), Rafaela Chounavelle, ha señalado que la Junta de Andalucía intenta mantener un concierto con precio de 2020 cuando ya estamos en 2025. Además, no se ha tenido en cuenta la subida salarial del 10% a los trabajores. "Si para nosotros es insostenible, damos las llaves a la Administración. ¿Ustedes sabrían?", ha preguntado a los representantes institucionales presentes en la mesa redonda. "Esto hay que solucionarlo porque sino vamos a tener que volver a buscarlos a las casas", ha indicado en referencia a los años en los que no existían asociaciones de discapacidad y estas personas estaban, en muchos casos, encerradas en sus domicilios sin salir a la calle.

Por su parte, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta, Pedro Calbó, ha destacado que la Administración tiene que "aportar esos recursos", pero el sector tiene que "reflexionar para ver cómo hacemos esos recursos más sostenibles". En esa línea, ha destacado que "el debate no se debe reducir a que la Administración ponga más dinero" y ha invitado a las organizaciones a que aporten propuestas.

Al respecto, el presidente de Promi, Juan Antonio Pérez, ha confirmado que "el sector tiene mucho que hacer", pero las entidades y la Junta deberían sentarse "en una mesa y no levantarnos hasta que se resuelva" la situación. En su intervención, ha recordado que la consejera de Inclusión Social dijo el pasado año que la financiación de estos centros era "insostenible". Por eso, "hay que coger el toro por los cuernos" y "cambiar el sistema".

Pérez ha enunciado tres medidas para mejorar la situación actual. La primera es que "el sector tiene que hacerse mirar los servicios que no son rentables". Por otro lado, cree que habría que distribuir recursos para aumentar copagos en ayuda a domicilio y en el caso de las personas mayores no tener solo en cuenta la renta, sino también el patrimonio. Sobre esto, ha contado que en Promi ha vivido "situaciones lamentables" en las que las familias están "esperando que se muera la madre para repartirse" sus bienes inmuebles. Por último, ha asegurado que "las residencias públicas son una ruina", por lo que propone cerrarlas o que las gestionen entidades que trabajan en este ámbito.

La presidenta de Acpacys ha resaltado que desde hace años "hay un déficit acumulado" en el precio de las plazas. En el caso de gravemente afectados, ese déficit es de más de un 30%. Además, ha recordado que el 80% de su gasto es para pagar a los trabajadores, a los que este año tienen que subir el sueldo un 10%. "Eso no es posible", ha confesado, y "habrá centros que caerán".

Por su parte, la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, ha abordado la aparición de grandes empresas que gestionan centros sociosanitarios y que también concurren a las subvenciones. "Estamos compitiendo en desigualdad de condiciones con macro empresas que vienen a sacar dinero", ha denunciado, añadiendo que se da un “efecto perverso” porque las licitaciones se las otorgan a quienes presentan un menor presupuesto. En este sentido, las grandes corporaciones pueden abaratar costes, pero las entidades más pequeñas no pueden permitírselo.

Escuela inclusiva

Otro de los aspectos que se han abordado en esta mesa redonda ha sido la integración educativa y social de las personas con discapacidad. En este sentido, el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, ha insistido en que "necesitamos una escuela inclusiva; no puede haber una escuela ordinaria y otra especial, tiene que haber una en la que pongan recursos a quien lo necesite". "A veces en las aulas específicas se les tiene arrinconados; el niño tiene que estar con sus iguales", ha sentenciado.

También se ha referido a los problemas que tienen las personas con una discapacidad intelectual de más de un 66% para acceder a un título ya que no existen recursos para ellas, lo que hace imposible que accedan a convocatorias públicas de empleo.

Por su parte, el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, padre de una niña con discapacidad, ha relatado cómo una familia sacó a su hijo del colegio porque no querían que estuviera con "una niña enfermita". Con ello ha querido diferenciar a las "buenas y malas personas" que hacen posible la inclusión. "El trabajo que queda es bestial y el dinero que esto debe consumir es bestial", ha agregado.

A las administraciones "nos queda mucho por trabajar", ha reconocido, destacando que es importante que los técnicos tengan empatía a la hora de elaborar los pliegos para concursos de empleo. Sobre este asunto, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha añadido que se han encontrado con situaciones en las que no han encontrado personas para cubrir plazas de empleo para discapacidad.