El número de aulas de Educación Especial en Córdoba roza las 700 con más de 15.300 estudiantes

Las aulas cordobesas acogen este curso a 15.354 alumnos de Educación Especial en casi 700 clases, un mayor número de unidades pese a la reducción alumnos de las que una parte son aulas específicas o destinadas a Trastornos del Espectro Autista.

Así lo ha puesto de relieve el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, quien ha realizado un balance de las enseñanzas relacionadas con la Educación Especial en el último lustro en la provincia de Córdoba. En 2019, los colegios públicos atendían a 16.090 estudiantes de Educación Especial, mientras que este curso la cifra es de 15.354, lo que representa una disminución de 736 alumnos. A su juicio, esta reducción refleja un "cambio positivo, puesto que uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se ha centrado en la inclusión de más jóvenes con necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias, lo que ha permitido una atención más personalizada y efectiva".

En lo que respecta al número de unidades de Educación Especial en Córdoba, ha aumentado de 629 en el 2019-2020 a un total de 696 en el actual curso escolar, lo que representa, pese al descenso de alumnado, un incremento de 67 unidades. De esas unidades, 219 corresponden a aulas específicas, que están repartidas en 186 aulas específicas de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos y 33 aulas Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La oferta formativa para este curso incluye también siete Programas Específicos de Formación Profesional Básica ubicados en institutos de la provincia, así como Planes de Compensación Educativa que afectan a 55 centros y 17 docentes, Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral, Programa Más Equidad (72 centros), Programas de Bienestar Emocional (50 centros) o Programa PROA+ Transfórmate (29 centros).

En cuanto al personal docente especializado, Córdoba también ha experimentado un crecimiento: en el curso 2019-2020, el número de docentes era a 646, mientras que en el actual la cifra se eleva a 731 -lo que representa un incremento de 85 puestos-, distribuidos en Pedagogía Terapéutica (523) y Audición y Lenguaje (208).

El delegado ha indicado que el aumento de profesionales también afecta a los recursos no docentes. Hace cinco años se contaba con 195 recursos de este tipo y, a día de hoy se llega a los 273 profesionales, lo que supone un crecimiento en 78 recursos no docentes, lo que equivale a un aumento del 40%.

Cambios en la Educación de Adultos

Viso también ha hecho mención a los cambios a realizar por la Consejería en el Decreto 36/2007, de 6 de febrero, que afecta a los Centros de Educación Permanente de Adultos. Con estas modificaciones, respaldadas por el Consejo Escolar de Andalucía, el área que preside Patricia del Pozo pretende que el alumnado adulto continúe adquiriendo, actualizando, completando y ampliando su formación, con itinerarios formativos que le acompañen en su vida laboral.

De esta forma, los centros de educación permanente y sus diferentes secciones, que en la provincia de Córdoba cuentan este curso con 11.129 matrículas y 181 docentes, refuerzan su carácter de centros de segunda oportunidad, promoviendo la empleabilidad. La Consejería persigue así ampliar y mejorar la oferta para facilitar las posibilidades de acceso que permitan, con mayor garantía, retomar su formación a aquellas personas que lo necesiten o así lo decidan.

Además, el nuevo Decreto mejora la coordinación provincial, estableciendo estas enseñanzas bajo un único servicio, el de planificación de las Delegaciones Territoriales. La modificación se produce en el contexto del cambio normativo establecido por el Gobierno de España en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, que desarrolla la ordenación del sistema de Formación Profesional.

En el citado Real Decreto, de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2024, se desarrollan los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, cuyo currículo se centrará en las competencias básicas que permitan cursar posteriormente con éxito los mismos, y se organizará de acuerdo con el procedimiento de acreditación de las competencias básicas para personas adultas que se regule.

Según establece, estos cursos podrán impartirse en los centros públicos, preferentemente centros del sistema de Formación Profesional y de Personas Adultas, por profesorado habilitado para la docencia o, en su caso, con los requisitos previstos y acordes con las materias que deban ser impartidas.