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Córdoba/La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el anteproyecto de lo que será la sexta bajada de impuestos desde que el Partido Popular está al frente del gobierno municipal. La propuesta para el próximo ejercicio fiscal, el de 2025, supone una bajada del 2% de las tasas por licencias de actividades y licencias urbanísticas y de los impuestos de vehículos de tracción mecánica para los turismos; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; y el impuesto sobre actividades económicas. En concreto, bajarán tres impuestos y dos tasas y supone la congelación para el resto de los tributos municipales.
Así lo ha detallado este jueves la teniente alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, antes de celebrarse el Pleno ordinario del mes de julio. La bajada supondrá que el Consistorio deje de percibir 733.568 euros que, según las palabras de la concejala, no afectará a los servicios públicos. El anteproyecto va en consonancia con el plan iniciado por el gobierno municipal desde el año 2019 sobre "la adecuación" de la presión fiscal de los tributos municipales para igualarla e incluso disminuirla respecto a la media nacional y "hacer más atractiva" la ciudad para la inversión. La única subida que se plantea en estas ordenanzas fiscales es una actualización de las tarifas por entrada a los museos municipales, que no afectará a los cordobeses, que seguirán disfrutando de la entrada gratuita.
Este 2% de bajada de los impuestos y tasas para el 2025 se une a las cinco bajadas de impuestos de años anteriores y "nos permite mostrar un escenario fiscal muy diferente al de la Córdoba que nos encontramos en el 2019", expresa Torrent. Echando la vista atrás "podemos decir que hemos abandonado ese infierno fiscal de los gobiernos municipales de izquierdas y nos encontramos con una ciudad mucho más competitiva fiscalmente".
Con todo ello, los cordobeses pagan un 13,93% menos en el IBI de rústica con respecto a 2019, un impuesto que en Córdoba estaba en los tramos más altos a nivel nacional. Lo mismo ocurría con el sello de coche y de motocicletas, que desde el año 2019 ha experimentado una reducción del 13,21%, así como un 15,36% menos en el impuesto ICIO, el de construcciones instalaciones y obras y un 8,27% menos en la plusvalía, solo para los casos en los que se fija ese pago.
Estos años de bajada también han supuesto un 4% menos en el impuesto de actividades económicas, los cordobeses pagan un 22% menos en la tasa de licencia de actividades, un 20% menos para la tasa de ocupación de la vía pública, la que afecta a los veladores, un 10,24% menos en la tasa por licencias urbanísticas y un 50% menos por la tasa de entrada vehículos a los polígonos industriales. Torrent también ha destacado la disminución de un 20% en la tasa de comercio ambulante, de un 20% menos en la de instalación de quioscos.
La concejala ha querido informar de que se mantienen las bonificaciones de ejercicios anteriores y que están centradas tanto en la creación de empleo como en la sostenibilidad, como la de un 50% de bonificación en la cuota de inicio de actividad, hasta un 50% de bonificación en la cuota por creación de empleo, desde un 10% hasta un 95% en la bonificación de la cuota por creación de empleo en función del número de trabajadores contratados con carácter indefinido para actividades económicas declaradas de especial interés o de utilidad y se contempla la posibilidad de acogerse a la reducción del 50% por la instalación de sistemas de energía solar, aplicable a las comunidades energéticas. Se mantiene la bonificación del 75% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los propietarios de coches híbridos y no contaminantes y de un 25% en los de gas licuado.
Blanca Torrent ha celebrado que, con la sexta bajada de impuestos, la ciudad "crece con menos presión fiscal para los cordobeses, con una apuesta decidida por nuestros servicios públicos de calidad, el impulso a la generación de empleo, el apoyo a nuestros empresarios y autónomos y una ciudad más atractiva para la inversión y la atracción de nuevas empresas". Ahora tendrá que pasar un periodo de exposición pública de 30 días y, posteriormente, tendrá que ser discutida y aprobada en el Pleno municipal antes de que acabe el año para que entre en vigor en 2025.
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